La reciprocidad no es factible
La civilización occidental reconoce la libertad de movimiento. Pero hay una contradicción en la afirmación de la soberanía de los estados y los principios de los derechos humanos.
La base del derecho internacional de derechos humanos, escrito y firmado por los estados, es que cada país se obliga a respetar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, sin importar su nacionalidad.
Esto significa que el comportamiento de un país respecto de sus habitantes no cambia en modo alguno sus obligaciones. Entiéndase que un Estado no puede torturar a extranjeros que son de un determinado país porque su Estado tortura a los extranjeros que se encuentran en su territorio.
En derechos humanos, el principio de reciprocidad no es aplicable. Todo funcionario público debería saberlo. Si no lo sabe, debería aprender. Si no está de acuerdo, podría plantear en la ONU la reforma del sistema creado después de la Segunda Guerra Mundial.
Las sociedades no están compuestas sólo por los nativos del lugar, sino por personas nacidas en diferentes lugares, y todos residen, forman familias, trabajan, estudian, pagan impuestos, consumen en igual proporción, sin importar si nacieron allí o en cualquier otro lugar.
Es casi imposible medir si los aportes son más, menos o proporcionales a los gastos de un ciudadano, por lo que intentar usar el principio de reciprocidad como herramienta de la política es difícil y se diría hasta irresponsable.
Pero sobre todo demuestra un alto nivel de ignorancia o de prejuicios, lo que es más grave en personas con responsabilidad social y política (senadores, ministros, diputados, etcétera), que con su discurso habilitan otros más agresivos de los ciudadanos comunes.
Si con los argumentos jurídicos no alcanza para explicar cuán difícil es la reciprocidad, sigo afirmando que esa propuesta es absurda, desacertada y errónea.
Un Estado no se puede gobernar según haga otro Estado, ya que quiebra cualquier política de población y desarrollo, rompe toda construcción de una ciudadanía cohesionada. Da la espalda a la historia de hospitalidad del país, donde cualquier habitante, sin importar de dónde vino, tiene la posibilidad de ser parte, de contribuir, de forjar su futuro y el de su familia, según lo consagra el Preámbulo de la Constitución de 1853.
¿Cómo se mide la reciprocidad? Si un trabajador migrante beneficia a la economía argentina, pero no estudió en este país ya que vino como mano de obra calificada en una profesión o un oficio, como ocurre con los recién llegados venezolanos y miles de horticultores, albañiles, niñeras, mucamas, mozos, etcétera, formados en sus países de origen pero que trabajan y contribuyen en este, ¿entonces todos los aportes deberían ser enviados a su nación, donde se formaron?
Si piden a un inmigrante pagar sus estudios o servicios de salud, ¿sus impuestos al consumo, a la vivienda, los aportes laborales no deberían ser enviados al país del cual proviene? ¿Cómo sería esa reciprocidad? ¿Sólo unidireccional?
Si un argentino recibe un plan de desempleo en el país donde reside y trabaja, ¿Argentina no debería implementar esos mismos planes para cualquier nacido de esos países? Podemos poner cientos de ejemplos, por cierto casi imposibles de llevar a la práctica.
Insistir en la reciprocidad sólo estigmatiza, genera desigualdad, fomenta xenofobia, conflictos y enfrentamientos sociales. Totalmente contrario a los principios básicos del Estado de derecho y la democracia.
Y, finalmente, si persisten en esa utópica reciprocidad, ¿por qué no se ocupan los estados de hablar con sus pares de otros países y buscan los mecanismos para concretar o proponer los argumentos del pedido?
Ningún gobernante debería pedir al ciudadano de a pie resolver conflictos que están lejos de sus posibilidades y funciones. Estos convenios ya fueron establecidos por reglas básicas del derecho internacional, refrendadas por los mismos estados.
No es fomentando las divisiones entre argentinos y no argentinos como se resolverán los problemas que nos aquejan, nos afectan y nos duelen a todos los que vivimos en este territorio, hayamos nacido acá o allá, sino creando políticas públicas trasparentes junto a gobernantes comprometidos con su pueblo y, sobre todo, fomentando la solidaridad y el compromiso.
No es pidiendo reciprocidad a los ciudadanos no nacidos en el país como resolveremos los problemas de nuestra gran Argentina, sino comprometiéndonos, trabajando y participando en la construcción colectiva responsable y solidaria, y, como dijo Victor Hugo: “Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo”.
* Titular de la Red Nacional de Líderes Migrantes