Un intento de cerrar la grieta por Uber
En los primeros días de diciembre, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba intentará cerrar una de las novelas del año: el nuevo marco regulatorio para taxis y remises, debate que terminó por armar una grieta a favor y en contra de Uber.
Sin hacer mucho ruido, en la última sesión del Concejo se votó una moción de preferencia para dos sesiones. La última vez que el proyecto estuvo por ser tratado en el recinto volvió rápidamente sobre sus pasos porque en el propio oficialismo no había consenso para aprobar una ordenanza con una prohibición expresa a las modalidades de transporte con mediación de una aplicación tecnológica, como Uber, Cabify o Easy Taxi.
Pacientemente, el heterogéneo bloque de Juntos por Córdoba está tratando de construir una mayoría. El problema principal es el artículo 5 del proyecto que empujó el concejal Gustavo Fonseca: “Se prohíbe el transporte remunerado, oneroso, promocional, por canje o similares de personas en vehículos particulares registrados a través de llamada telefónica, software, aplicación móvil (app), sitio web o medios tecnológicos similares, que tenga por objeto conectar directa o indirectamente a los pasajeros con los conductores”.
Las opciones son: quitarlo por completo (y dejar a Uber y sus similares como están: ni permitidas ni prohibidas) o cambiar su redacción por una fórmula que indique que estas alternativas no están contempladas por esta ordenanza y que deben ser reguladas en otra norma específica. Discusión que quedará para el próximo intendente y cuerpo deliberativo de la ciudad.
Uber, mientras tanto, ya avisó que en 2019 su plan de expansión incluye a 20 ciudades argentinas. Uno de sus voceros aceptó que están en conversaciones con varias del Gran Córdoba. Sería clave para perforar la resistencia de la ciudad uno de los desarrollos que está probando en los viajes que se realizan entre el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires: la aplicación Uber pool, que permite hacer car pooling con conductores de Uber y compartir entre varios viajeros el costo del trayecto.
Hay más en juego. El proyecto blanqueaba la transferencia de chapas, con un canon para la Municipalidad de Córdoba que, con la nueva tarifa de la bajada de bandera (alrededor de 40 pesos) partiría de 300 mil pesos.
La recaudación del canon se iba a aplicar a un fondo de asignación específico para desarrollar una app municipal. Esto también va a cambiar: el secretario de Economía municipal, Hugo Romero, no quiere más fondos de uso específico, casi imposibles de redireccionar hacia las urgencias de caja que tiene la administración. Y así como pidió que se retire este fondo, va por los ya consolidados que están incluidos en las boletas de agua y gas y en lo que se paga por cada boleto del transporte.
Queda un aspecto poco conocido del marco de taxis y remises. En los artículos 21 y 35, el proyecto modificaba la forma de cálculo de licencias de la actual ordenanza
(10.270). Pasaba de una chapa de taxi cada 350 habitantes a una cada 300, y de una chapa de remise cada 370 a una cada 320 vecinos.
Si tomamos como válido el número de habitantes del Censo
2010, podrían habilitarse en Córdoba hasta 4.432 taxis y 4.155 remises. Si se toman en cuenta las chapas en la calle, existe una vacante de 1.809 nuevas licencias
(473 de taxis y 1.336 de remises), que podría repartir la intendencia a partir de 2019, un año electoral en el que uno de sus resultados posibles es un recambio en las plantas políticas.
UNO DE LOS ASPECTOS MENOS CONOCIDOS DEL PROYECTO ES QUE HABILITARÍA LA ENTREGA DE UNAS 1.800 CHAPAS NUEVAS.