Un desafío colectivo
En la ciudad de Córdoba, los alumnos de un Ipem de barrio Yofre Sur terminarán el año escolar en una escuela cercana por culpa de un basural a cielo abierto, tras haber perdido un mes de clases.
El caso, en su complejidad, desnuda la red de problemas en la que Córdoba está atrapada desde hace demasiado tiempo.
La escuela afectada es un secundario de gestión estatal. A menos de 100 metros de distancia, hay un basural a cielo abierto de unas 20 hectáreas. Ni el basural, que es ilegal, ni la escuela, que es del Estado provincial, son nuevos en el barrio. ¿Cómo pueden convivir? ¿Cómo no se hizo el esfuerzo para evitar esta situación?
Los incendios que allí se provocan por la simple acumulación de residuos son una constante. Las autoridades escolares y los vecinos del sector reclaman desde hace mucho una solución. Nunca obtuvieron una respuesta adecuada.
Tampoco la respuesta actual es correcta. Unos 600 alumnos de secundario con sus 100 docentes deberán concluir el año escolar en una pequeña escuela primaria que apenas supera los 50 alumnos y que tiene un solo baño y filtraciones en los techos. Y, para elaborar esa propuesta, las autoridades tardaron un mes.
¿En serio nos importan la educación y el medioambiente? No es una pregunta dirigida sólo a las autoridades, tanto provinciales como municipales, sino a la sociedad en su conjunto. La basura que llega a ese predio, en vez de ir adonde corresponde, se origina en muchos domicilios particulares.
El Ministerio de Educación se ampara en que es una situación ajena a la cartera. La Secretaría de Ambiente constató la contaminación del aire que generan los gases que se liberan durante la quema, y su informe justifica el traslado de la comunidad escolar. Pero la supuesta solución no es tal y llega demasiado tarde.
La Municipalidad de Córdoba, mientras tanto, trata de defenderse señalando que Higiene Urbana se ocupa regularmente de la limpieza de ese predio. Pero como se trata, aunque parezca mentira, de una propiedad privada, el Estado sólo puede limpiar unos pocos metros en el perímetro. Y las intimaciones a los propietarios por una limpieza total, su mantenimiento y el cercado del terreno no dieron resultado.
¿Puede el Estado declararse impotente ante un caso tan obvio de contaminación ambiental?
Hace tiempo, el Gobierno provincial acordó con la Municipalidad un trabajo en conjunto para la erradicación de los casi 100 basurales a cielo abierto de la Capital. Esto todavía no se puso en marcha y ambas jurisdicciones cruzan acusaciones para explicar el retraso.
¿Podremos, entre todos, hacer un esfuerzo para cambiar?