Dueños de Grababus pagaron parte de la deuda y quedaron en libertad
El fiscal de instrucción Enrique Gavier dispuso ayer la libertad bajo caución del empresario Jorge Sorensen, quien había sido detenido por la evasión de la firma Grababus a los impuestos a los Sellos e Ingresos Brutos, según lo denunció la Provincia antes de suspender la concesión del grabado de autopartes.
Sorensen pagó parte de la deuda millonaria que exigían la Dirección General de Rentas (DGR) y la Policía Fiscal: unos 23 de poco más de 40 millones de pesos y saldrá en libertad apenas integre los cuatro millones de pesos que le fijó Gavier como caución real.
También recuperarán la libertad los dos hijos de Sorensen, Pablo y Jorge Alberto, detenidos en la misma causa, a quienes Gavier también les fijó una caución de cuatro millones de pesos a cada uno para salir en libertad.
En su resolución, el fiscal aclara que aún quedan por determinar montos de evasión que calcula la Policía Fiscal, para los casos de triangulación de facturación con la Cámara Argentina de Grabadores de Autos, una de las maniobras que se le adjudicaron a Sorensen en la denuncia penal que presentó la Provincia.
Por lo pronto, ninguno de los Sorensen podrá salir del país sin autorización judicial.
El abogado defensor de los Sorensen, Ernesto Gavier, dijo que se solicitó la libertad “porque desapareció el riesgo procesal y se abonó el total del capital que el fiscal reclamaba”, explicó.
Denuncia
A los tres Sorensen se les imputan los delitos de evasión fiscal simple y evasión fiscal agravada reiterada. De acuerdo a estimaciones del fiscal, el monto de la evasión ascendería a unos 12 millones de pesos, por el Impuesto de Sellos. También se analiza la falta de pago de Ingresos Brutos. El total de la evasión al fisco podría ascender a los 40 millones, según algunos cálculos de Rentas.
De la investigación administra- tiva de la Provincia, que motivó la presentación judicial, surgió que Grababus habría desviado sus operaciones comerciales hacia otra persona jurídica: la Cámara de Grabadores de Autopartes que entregaba comprobantes por grabados y facturaba servicios a las concesionarias de venta de automotores, lo que, de acuerdo con el contrato, sólo podía realizar Grababus. Presuntamente, estos desvíos habrían tenido como objeto evadir el pago del canon y de los impuestos a la Provincia.
Luego de la rescisión del contrato por parte de la Provincia, Grababus echó a los 140 empleados que tenía en sus distintas plantas en la provincia.