El bache de la ley del arrepentido en Córdoba
La figura del arrepentido es un instrumento muy utilizado por los investigadores judiciales en muchos lugares del mundo. Y, ciertamente, demoró bastante tiempo en ingresar a Argentina, hasta que se promulgó la ley 27.304.
Además de esa demora, quienes buscan su implementación efectiva se muestran preocupados porque la “delación premiada”, como se la conoce en otros ámbitos, no se instrumentó de la mejor manera en los sistemas nacional y federal.
Entre las críticas que recibe, se señala que si se empleara de manera eficaz, permitiría atacar de modo formidable el núcleo de la corrupción.
Los acuerdos entre fiscal e imputado que piden homologación deben incluir la condición de comprometer a una figura “superior” en una organización delictiva. En algunos casos, la investigación o profundización de esos datos no se sigue como es deseable y hasta el interrogatorio del instructor no es todo lo incisivo que se desearía para avanzar en el conocimiento de la verdad.
Si en el sistema federal se está en pañales, en la Justicia de Córdoba puede decirse que el arrepentido sólo está en estado embrionario.
La noticia de esta semana es que el fiscal Enrique Gavier pidió homologar el acuerdo con un arrepentido que le permitía dar un salto cualitativo y cuantitativo en su investigación en una de sus causas de Delitos Complejos.
El requerimiento fiscal tuvo respuesta negativa por parte del juez de Control Nº 7, José Milton Peralta, quien dio fundadas razones para echar por tierra el acuerdo. El magistrado dijo “no ha lugar” al convenio de arrepentido porque consideró que aún “no tiene recepción en el ordenamiento procesal local”.
Entre otros inconvenientes, dice Peralta que deben adecuarse los instrumentos locales “para lograr uniformidad y predictibilidad” en los acuerdos, los cuales deben estar enmarcados y reglados. Le faltan reglas de juego a las condiciones y a las consecuencias de un acuerdo entre el acusador y el arrepentido.
Peralta sostiene que el Código Procesal Penal Nacional aún mantiene la figura del juez como instructor, mientras que en Córdoba esa iniciativa le corresponde al fiscal, con lo que faltan adecuaciones de un modelo a otro.
“La legislación nacional ha previsto una consecuencia positiva para quien aporte información al proceso: la atenuación de la escala penal al delito”, recuerda Peralta. Pero el magistrado dice que esa ley “ha condicionado la procedencia del instituto a que la información sea veraz”, y se prevén sanciones a quien mienta. Una pena por falso testimonio en esta figura tiene un mínimo de prisión de cuatro años y un máximo de 10.
UN JUEZ PIDIÓ QUE LA UNICAMERAL DE CÓRDOBA FIJE REGLAS CLARAS PARA UTILIZAR UNA VALIOSA FIGURA PENAL.
La ley nacional invita a las provincias a sumarse, pero siempre que se emita la regulación procesal correspondiente.
Estas y otras cuestiones aún tienen que ser reguladas en la legislación procesal local. Por eso, el juez Peralta exhorta a la Unicameral a que sancione la normativa correspondiente.
El juez sostiene en sus fundamentos para decirle no al acuerdo de arrepentido que la Legislatura de Córdoba nunca emitió un ordenamiento en la materia, una ley. Es más, también señala que para la instrumentación de la ley del arrepentido ni siquiera hay una instrucción de la Fiscalía General.