Contaminación de la escena del crimen
En la elevación a juicio de la causa del trágico tiroteo en Nueva Córdoba, ocurrido en febrero de 2018, surgen duras críticas hacia la actuación policial. Se acusa a los uniformados de no haber sido capaces de preservar la escena del crimen tras la balacera.
El tiroteo que conmocionó a Nueva Córdoba en febrero de este año, y que se convirtió en uno de los casos criminales de mayor impacto público de los últimos tiempos en la provincia, aún genera controversia. Al elevar a juicio la causa principal, que tiene a cinco imputados, el fiscal provincial Rubén Caro trazó una gruesa crítica sobre cómo la Policía no fue capaz de preservar la escena del crimen en los minutos posteriores a la balacera.
En el expediente de 36 cuerpos y casi 7.000 fojas en total, figuran párrafos contundentes en torno de las falencias oficiales para trabajar en los instantes posteriores a la balacera, cuando aún todo estaba en caliente. No sólo hay menciones críticas hacia los policías que llegaron al lugar. También hay referencias hacia altos funcionarios policiales y políticos.
Tras las apelaciones que formularon dos de los defensores, Carlos Hairabedian y Héctor Melli, el viernes último la jueza de Control Anahí Hampartzounian resolvió desestimar ambas presentaciones. Los abogados de los otros tres acusados no presentaron oposición, ya que prefieren ir directo al juicio.
En el mismo fallo, Hampartzounian destacó la labor de la investigación penal durante la instrucción de la causa.
Si bien en un principio la alteración de la escena del crimen atentó contra la tarea de los pesquisas, el fiscal Caro ya había resaltado que gracias a un trabajo coordinado en equipo se logró reunir abundante e importante prueba, que ahora permite llevar a los imputados a juicio, según presume.
Recuerdos del desastre
La balacera se produjo minutos después de la 1 del viernes 16 de febrero, cuando un grupo de jóvenes policías llegó hasta el edificio de Rondeau 84, donde una banda comando estaba asaltando a una pareja del 7° A y 8° A (dúplex). Al intentar huir de los uniformados, los ladrones desataron un tiroteo infernal, en el que hubo más de 90 balazos cruzados de todo tipo de calibres.
El cabo Franco Ferraro (29) fue asesinado, y cayeron abatidos los asaltantes Ricardo Serravalle (53) y Rolando Ricardo “el Ciego” Hidalgo (62).
Según la investigación, una pistola que sería Glock 40, con la que Serravalle mató a Ferraro, fue levantada por un particular que ingresó sin problemas a la escena del crimen y la encontró junto al cadáver del asaltante. Este civil se la entregó a dos policías que llegaron al lugar en un móvil luego de la balacera e hicieron “desaparecer” el arma, lo que originó una nueva causa penal.
Todo esto ocurrió en un lapso de casi dos horas inmediatas al tiroteo, momento en que los cuerpos de los delincuentes muertos permanecieron sin la debida custodia. Incluso, los fallecidos fueron movidos de lugar, de acuerdo a lo que pudo observarse luego a través de los registros de las cámaras de fil- mación de la zona. Además, varios curiosos levantaron vainas que se llevaron como recuerdo. O sea, pruebas que se fueron perdieron en medio del descontrol.
Esto obligó al fiscal a dejar párrafos explícitos en el expediente, para dar cuenta de la necesidad de que la Policía actúe con mayor profesionalismo en este tipo de casos.
También pudo comprobarse que fue “notoria la alteración del lugar tanto por el accionar de los policías, personas implicadas en el hecho y transeúntes”.
Ante esto, Caro subrayó: “Resulta indispensable, tal como lo prevé el Protocolo Federal de Preservación de los lugares donde se comenten hechos criminales, de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que quienes previenen en el lugar del hecho, que posteriormente puede ser calificado como ‘escena del crimen’, conozcan las reglas elementales relacionadas con el acceso y el tratamiento del lugar, con el propósito de que su accionar como primera persona y autoridad que llega, conserve y preserve los indicios que revelarán la verdad de lo sucedido”.
“El desconocimiento o el tratamiento indebido en forma involuntaria pueden ocasionar la destrucción de los indicios. Y en parte es lo que sucedió en las presentes actuaciones”, destacó.
Horas críticas
Al elaborar esta crítica, Caro no deja de tener en cuenta que se trató de “un suceso altamente estresante, que generó un impacto traumático en el personal policial que intervino en el hecho, como así también en los que acudieron a prestar colaboración, no sólo por la violencia desplegada –tiroteo, heridos, daños de todo tipo, etcétera–, sino por la conmoción que generó en ellos el hecho de que un compañero policía había muerto”.
En ese sentido, se valoró un extenso informe aportado por la comisaría inspectora Marcela Santucho, psicóloga de la Policía, quien entrevistó a los agentes que participaron de la balacera. Allí, se destacó lo afectados que estaban estos uniformados por lo sucedido.
Pero entre los que pusieron en riesgo la escena del crimen en aquella madrugada de febrero, según surge de varios testimonios que figuran en el expediente, llama la atención el señalamiento a personas que en ese momento tenían un importante rol jerárquico en el organigrama de la Seguridad provincial.
Entre estos testigos, figura un sargento, quien dijo que un superior le ordenó ir a revisar a uno de los delincuentes abatidos, momento en que se acercó al cuerpo, que aún permanecía sin custodia, y no encontró ninguna identificación. Volvió 10 metros, comunicó la novedad y al regresar para quedarse junto al cadáver se encontró con que ya estaban otras personas a su alrededor.
Según se lee en el expediente, “seguido a ello, (el sargento) regresó al lugar en el que se encontraba el cuerpo, observando en ese momento que junto al fallecido ahora se encontraba el jefe de Policía (NdR: Gustavo Vélez), el subjefe (Gustavo Folli), (el entonces jefe de Seguridad Capital) Gómez y el ministro de Seguridad (en referencia al entonces secretario de Seguridad Diego Hak), quienes manipulaban los cargadores que estaban adentro de la mochila, se los mostraban entre ellos, encontrándose la mochila ahora al lado del cuerpo...”.
En ese sentido, fuentes oficiales consultadas por este medio aseguraron que los aludidos sí estuvieron junto al cadáver de Serravalle y que el jefe de la fuerza abrió la mochila, pero negaron haber tocado el cuerpo o haber alterado algo.
En marzo último, cuando La Voz reveló que había desaparecido el arma con la que habían matado al policía Ferraro, Hak, aún en funciones, indicó que aquella madrugada él llegó pronto al lugar porque estaba cerca de allí en un operativo por “picadas” de motos, en el parque Sarmiento.
Aseguró que al arribar le pidió a una comisaria que se encontraba en el lugar que cerraran el perímetro y que sacaran “a toda la gente que no tenía que ver con la fuerza policial ni con la escena del crimen”.
A raíz de lo sucedido en Nueva Córdoba, desde la Provincia se ordenó profundizar con el Ministerio Público Fiscal una serie de capacitaciones a la Policía en lo relativo a la preservación de la escena del crimen.
En la resolución de ahora, Caro subrayó: “Dicho cuadro de confusión, de estrés, improlijidades, como así también la ausencia de órdenes oportunas dadas por la superioridad al personal policial abocado dentro de las dos primeras horas de ocurridos los hechos y que llevaron a ciertas irregularidades, falta de armonía y coordinación, poniendo en serio riesgo la presente investigación, se resalta como una seria amonestación o llamado de atención, y no a los fines sancionatorios solamente, si correspondiere, sino más bien para que sirva como antecedente para capacitar y evitar que dicha conducta se reitere en otros hechos con posibles serios perjuicios que atenten contra toda investigación”.
Criticó que no se estableció un cordón criminalístico para restringir el acceso ni para demarcar, proteger o aislar el lugar, ni despejarlo de transeúntes y de los vehículos que circulaban por la zona.
Tampoco se organizaron ni distribuyeron roles policiales para preservar la escena del crimen, ya que varios policías declararon luego que desconocían quién o quiénes estaban a cargo.
Pero al final, el fiscal, que en más de una oportunidad hizo hincapié en resaltar la “ayuda de Dios” para encauzar la investigación, dejó un párrafo de elogio: “También es mi deber señalar mi reconocimiento al equipo investigativo que se conformó con personal jerárquico de esta sede (por el Ministerio Público Fiscal), personal de Policía Judicial y Policía de la Provincia de Córdoba, y que supieron sobreponerse a las irregularidades y falencias señaladas, destacándose la vocación de servicio y los aportes realizados por dicho grupo, lo que permitió en esta etapa y con la probabilidad exigida para la misma, el esclarecimiento de tan resonante y complejo caso”.