Derechos, no ideología
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó la ley que consagra el derecho a la libertad de género. Cualquier persona mayor de 14 años podrá ahora cambiar de nombre y de sexo.
Esta ley tuvo su origen en una moción parlamentaria presentada hace más de cinco años. De modo que su largo tratamiento atravesó el anterior gobierno de Piñera y el segundo de Bachelet.
Como se sabe, Piñera encabeza una alianza de centroderecha y Bachelet se ubica en la centroizquierda. Esto demuestra, si hace falta, por un lado, que los derechos civiles no son propiedad exclusiva de una ideología particular; y por otro, que entre bloques políticos de ideologías opuestas puede alcanzarse el consenso necesario para legislar a favor de la sociedad en su conjunto.
Una vez que la ley sea reglamentada, toda persona mayor de 14 años, cuya identidad de género no coincida con su nombre y su sexo, tendrá derecho a solicitar su reinscripción en el registro civil y obtener los documentos correspondientes.
La modificación de su apariencia o función corporal es optativa, no obligatoria. Las personas que se amparen en la nueva ley contarán con el beneficio de la confidencialidad de sus datos y no podrán ser discriminadas ni patologizadas por ningún motivo inherente a su cambio de identidad.
Para los menores de 14 años, la ley crea equipos multidisciplinarios para el asesoramiento biopsicosocial de las familias que lo soliciten, en el ámbito de dos ministerios: Desarrollo Social y Salud.
Para anunciar la promulgación de la ley, Piñera desayunó con dos jóvenes transgénero y sus respectivas familias. “Todas las personas somos iguales en dignidad, en derechos, en deberes”, dijo el presidente de Chile.
Ante las críticas que recibió de parte de parlamentarios oficialistas que se opusieron a la medida, agregó: “Estoy perfectamente consciente de que hay opiniones diversas, que a veces se enfrentan en forma demasiado tajante, pero un presidente de la República tiene que hacer lo que cree que es bueno para la sociedad y, sobre todo, interpretar de buena fe la Constitución”.
Esto último se vincula con una particularidad del andamiaje institucional chileno: toda ley, entre su aprobación legislativa y su correspondiente promulgación, tiene que superar el control preventivo de constitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional (TC). En otras palabras, el presidente recién actúa tras las aprobaciones del Congreso y del TC. Si la primera asegura el acuerdo político, la segunda garantiza el sustento jurídico.
Una vez más, la política de los consensos demuestra ser la mejor opción, en el marco de una democracia deliberativa, para asegurar el bienestar de la sociedad.