Si te preguntan, vos no me conocías
El Presidente incluyó en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto que modifica el sistema de financiamiento de campañas políticas. Sus referentes en la Cámara de Diputados son escépticos sobre el destino de esa iniciativa.
El texto se cocinó en el Ministerio del Interior y fue enviado a la Cámara Baja a fines de julio pasado, como una respuesta política a las denuncias sobre aportantes fantasma en la campaña de la gobernadora María Eugenia Vidal. No se trató desde entonces, y en el interbloque de Cambiemos reconocen que persisten las diferencias internas.
Hay aspectos sobre los cuales el consenso es generalizado, como la bancarización de los aportes. No más donaciones en efectivo. Todo deberá tramitarse mediante transferencias bancarias que obligan a la registración y permiten establecer la trazabilidad de los fondos.
Pero las opiniones difieren sobre los aportes de empresas o personas jurídicas. El proyecto originario, preparado en la oficina de Adrián Pérez, antiguo colaborador de Elisa Carrió, establece un tope del dos por ciento sobre el total de los gastos permitidos para un partido.
En el interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri promueve un criterio más estricto, que se acerca a la eliminación total de esos recursos, para podar de cuajo los bolsones de opacidad.
Los referentes del PRO todavía no han dado señales sobre el modo en que intentarán acordar la aprobación de una nueva norma. En el Senado, quedó desde las sesiones ordinarias –con despacho favorable de comisión– un proyecto similar del justicialista Miguel Pichetto. No es del todo igual al que envió Macri a extraordinarias.
Entre las esquirlas que repartió la causa de los cuadernos, no es menor la que impactó en el sistema de aportes informales que, por inercia, venía solventando las campañas políticas. Esos aportes fueron el argumento de varios empresarios para justificar el trasiego de valijas con dinero negro durante el kirchnerismo.
Tal argumento fue descartado por el juez Claudio Bonadio, porque investiga una asociación ilícita para el enriquecimiento de la familia Kirchner y otros involucrados. Pero incluso si la excusa fuese de recibo, configuraría un delito. El exjefe de Gabinete de la Nación Juan Manuel Abal Medina (h) acaba de ser procesado por ese motivo.
Si el Congreso no modifica las normas de financiamiento de las campañas, el sistema electoral funcionará el año que viene en la plenitud de sus mañas.
Las otras dos patas del régimen electoral ya lograron eludir los impulsos de cambio.
La primera es el régimen de emisión, fiscalización y escrutinio del voto. Los mismos gobernadores que ahora sacan turno para desdoblar los comicios locales son los que se opusieron al cambio de la papeleta de sufragio por la boleta única o el voto electrónico. En 2019, se votará como en la fraudulenta Tucumán de 2015.
La segunda pata, igualmente riesgosa, es la regulación de la propaganda política.
Ya con la ley de medios que impuso el kirchnerismo permanecía desregulada en la nebulosa –y por tanto subsidiaria a favor de todos los oficialismos– la publicidad política en internet.
Sin haber superado por completo esa etapa, los procesos electorales de 2015 a la fecha se abrieron a una incertidumbre mayor con la aparición de las fake news de generación global e impacto local.
Jair Bolsonaro ganó en Brasil desdeñando los espacios de publicidad en televisión y orientando los aportes al financiamiento de virales en WhatsApp.
Sin cambios en el financiamiento, ni en el calendario desdoblado al infinito, ni en la boleta sábana o la publicidad ilegal, el sistema político será en 2019 el mismo engranaje denostado en 2015 por los mismos políticos que ahora –disimulando que pasaron mil horas y todo sigue igual– susurrarán sigilosos al oído del votante: si te preguntan, vos no me conocías.
HASTA AHORA, LAS ELECCIONES DE 2019 SE REALIZARÁN SIN AVANCES EN LA REFORMA POLÍTICA.