El camino en la Justicia de los abusos sexuales
La denuncia contra Juan Darthés abrió interrogantes sobre cómo se abordan judicialmente casos similares. Los testimonios de las víctimas y el asesoramiento psicológico son claves cuando no hay pruebas físicas. Cómo se procede en Córdoba.
Las palabras de Thelma Fardín relatando, con la voz entrecortada, el momento en el que su presunto abusador avanzaba sobre su cuerpo, sin miramientos ante su negativa ni ante su edad, conmueven hasta las lágrimas. Tanto como inquieta escucharla decir que durante nueve años “anuló” ese episodio para poder seguir adelante, un mecanismo de defensa frecuente para sobrellevar situaciones traumáticas.
Pero todo ese recuerdo silenciado se vuelve voz y cuerpo una vez que, radicada la denuncia –en este caso contra el actor Juan Darthés, y en la Justicia de Nicaragua, porque allí sitúa Fardín los hechos que denuncia–, la víctima y su relato pasan a ser el principal, y a veces único, elemento de prueba.
¿Qué pasa cuando un delito se denuncia casi una década después? ¿Cómo se investiga? ¿Qué elementos de prueba se pueden encontrar? ¿Con qué herramientas cuenta Córdoba para abordar este tipo de investigaciones? ¿Es frecuente que pasen años entre el hecho y la denuncia?
“En Córdoba están la Unidad Judicial especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y el Equipo Técnico de Intervención sobre Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual, mientras que en el interior provincial hay psicólogos especializados, pero no cuentan con tantos recursos como en la Capital”, explica Ingrid Vago, una de las dos fiscales que investigan delitos sexuales en Córdoba.
“Muchas veces, en casos complejos, desde el interior trasladan a las víctimas a la Unidad Judicial especializada para que sean abordadas con los médicos y los profesionales psicólogos especializados, que a su vez brindan colaboración con investigaciones del interior”, agrega.
“Mientras la causa no esté prescripta, la investigación se puede hacer: pruebas físicas no podrán encontrarse, pero sí conseguir elementos de prueba suficientes para acreditar si el abuso existió. El discurso de la víctima, analizado profesionalmente por psicólogos forenses, nos va a permitir avanzar en la investigación”, describe la fiscal. Y sentencia: “Fácil no es, pero tampoco es imposible”.
En un contexto en el que el relato de la denunciante es el principal elemento de la investigación, la víctima –además de radicar la denuncia– deberá atravesar procesos de evaluación que no suceden cuando se denuncian otros tipos de delitos. “Los investigadores hacemos todo lo posible por acompañar y apoyar a la víctima, tene- mos mecanismos previstos para resguardarla y no revictimizarla, los juicios son a puertas cerradas por eso, pero necesitamos su colaboración, necesitamos víctimas empoderadas para poder atravesar y enfrentar instancias que no son fáciles, porque en los delitos sexuales todas las etapas son muy duras”, describe Vago.
La denuncia años después no es regla ni excepción, simplemente sucede. “Las personas denuncian cuando pueden, tenemos casos de abusos intrafamiliares que se denuncian ante el primer indicio, y otros que son continuados durante toda la niñez de la persona hasta que en algún momento puede contarlo y denunciar”, detalla.
Al respecto, Laura Beltramino, coordinadora del Equipo Técnico de Intervención, aporta: “Las víctimas tienen un período de procesamiento de la situación para poder denunciar. Eso es absolutamente individual. Muchas de las víctimas pasan años hasta denunciar. Pero la psicología nos aporta elementos que determinan la marca psíquica que puede haber dejado el hecho traumático. La marca psíquica se puede pesquisar”.
“Hemos recibido, también, casos muy viejos, ya prescriptos, en los que le explicamos a quien denuncia que el proceso no va a prosperar. Pero hay víctimas que necesitan denunciar como parte de su sanación, de su terapia, como una instancia necesaria para cerrar esas heridas”, cuenta la fiscal.
En octubre se aprobó la reforma según la cual los delitos de abuso sexual durante la infancia dejan de considerarse de instancia privada y pasan a ser delitos públicos, es decir que no se necesita la autorización de los padres o tutores para iniciar una acción penal.
“Antes de la reforma podíamos actuar de oficio en situaciones puntuales, cuando hubiere intereses contrapuestos o cuando los acusados son familiares directos. Ahora ya no, pero esa modificación es muy reciente y todavía no se percibe un cambio en la modalidad de la denuncia”, aclara.
Las pericias, la clave Beltramino precisa que, en los casos de abuso y violaciones, generalmente las pruebas se limitan a la víctima y al victimario: “La mayoría de las veces no hay testigos ni otras pruebas”. “Desde la psicología muchas veces aportamos la principal prueba al fiscal”, añade.
Y completa: “Nuestro Código tiene un artículo que determina cómo tomar testimonio a una víctima de delito contra la integridad sexual si tiene de 16 años para abajo: en una cámara Gesell y sólo puede hacerlo un perito oficial del Poder Judicial. De 16 a 18 años, la fiscalía pide a los psicólogos una entrevista previa para ver si declara en cámara Gesell o en una fiscalía, como declaran los adultos mayores de 18”.
Y explica que hay dos instancias: el testimonio del hecho y los peritajes. “El testimonio es el relato del hecho. Usamos criterios básicos de credibilidad que se aplican sobre el relato obtenido, para cuando son menores. Pero no hay aún criterios desarrollados ni avalados por instancias científicas para aplicar esos criterios en adultos. El testimonio es para circunscribir el hecho: tiempo, modo, lugar, autor”.
El peritaje se aplica al psiquismo de la víctima: “Si hay indicadores psicológicos de abuso sexual, si hay en la víctima indicadores de fabulación o sugestionabilidad y, sobre todo, si hay daños psíquicos”, concluye Beltramino.