Un retroceso institucional a espalda de los votantes
El tibio avance en materia de calidad institucional con el que Unión por Córdoba buscó emprolijar, al inicio del actual mandato, los marcos legales sobre los que se desarrollan los procesos electorales en la provincia quedó en un mero amague.
La pequeña huella de aquel auspicioso comienzo terminó aplastada por la especulación política y el interés particular.
Casi en soledad y con escaso debate previo –como casi todas las modificaciones realizadas sobre el Código Electoral–, Unión por Córdoba materializó ayer en la Unicameral un último cambio: suspendió un artículo de la ley que establece las reglas de la competencia democrática y fijó la fecha de elección para el 12 de mayo, un mes antes de lo que permite la norma vigente ahora exceptuada.
En diciembre de 2016, el gobernador Juan Schiaretti había dado algunas señales auspiciosas vinculadas a la promocionada “reforma política”.
Ese año, el Ejecutivo redujo el nivel de discrecionalidad con el que se fijaba la fecha de la elección. Si bien lo más transparente hubiese sido migrar a un esquema de calendario fijo como el que rige a nivel nacional, en el Centro Cívico fueron por un camino intermedio: se fijó el
1º de marzo como fecha tope para realizar la convocatoria a elecciones. En combo, el oficialismo incluyó iniciativas loables: ordenar y acotar el calendario electoral (para evitar la maratón de elecciones que se vivió en 2015) y fijar un tope de dos mandatos para todos los cargos electivos.
Pasaron cosas
Pero esa dirección positiva tuvo un quiebre. La dura derrota electoral en las legislativas de 2017 hizo recalcular la estrategia del peronismo. Con un Cambiemos en expansión apalancado en la figura de Mauricio Macri, nada podía quedar librado al azar. Y el oficialismo puso manos a la obra.
En abril último, dos meses después de abrir el actual período de sesiones ordinarias y con la mente puesta en la reelección que buscará conquistar en 2019, Schiaretti pegó el volantazo.
El PJ pasó del planteo público de “evitar un estado de campaña permanente” a precipitar una fase proselitista que no tendrá pausa hasta el 12 de mayo. En lugar de acotar la campaña, la prolongó.
Además, y con el objetivo de atomizar a la oposición, en una misma sesión se votó y creó la figura de la “doble candidatura”, que habilita, como sucede en el plano capitalino, un juego de postulaciones paralelas tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo. En unos meses, ese esquema demostrará todo lo potente y útil que puede ser para los oficialismos.
Sin importar el claro offside de los argumentos, contrapuestos con lo dicho y lo hecho sólo un año y cuatro meses antes, el gobernador decidió que haber reducido la discrecionalidad para fijar la fecha no era un buen negocio y retrocedió los pocos pasos avanzados.
El argumento que se esgrime ahora es el de “evitar las interferencias” políticas y electorales entre los comicios provinciales y las Paso nacionales. En 2015, cuando José Manuel de la Sota aspiraba a una postulación presidencial, el mismo PJ propició lo contrario.
En épocas de remiseros y de anotaciones en cuadernos Gloria, el mix reformista del PJ se completó con un fuerte incremento en el financiamiento estatal y privado destinado a las campañas, con la promesa de mayor control sobre la trazabilidad de los aportantes.
El resultado de los avances de esos postulados estará disponible después de la mitad del año próximo, cuando la Justicia audite ese universo siempre opaco en el que se entrelazan los actores de la obra pública y el poder político.
No son pocas las voces que, en privado, se ufanan de lo inadvertido que pasan para los votantes los cambios en las reglas electorales. Ese pensamiento no sólo desnuda el proceder de los dirigentes, sino que materializa una alteración del contrato con los ciudadanos.
TRAS LA DERROTA ELECTORAL DE 2017, EL GOBERNADOR SCHIARETTI DECIDIÓ MODIFICAR LAS REGLAS ELECTORALES.