Dilaciones inadmisibles
El servicio de justicia debe ajustarse a reglas constitucionales y a procedimientos insustituibles en un Estado de derecho: la celeridad en la tramitación de causas y la igualdad de oportunidades para cualquier ciudadano en conflicto con la ley.
Sin embargo, el quebrantamiento de la primera de aquellas premisas fue siempre motivo de reproches, lo cual ha relegado al Poder Judicial a una consideración negativa de parte de la opinión pública.
Más allá de la aseveración en el sentido de que todos somos iguales ante la ley, el descontento de la gente se profundiza cuando observa demoras exasperantes para resolver casos de corrupción perpetrados al amparo de la gestión pública.
Una reciente auditoría encargada por el Consejo de la Magistratura de la Nación así lo certifica. Y tiene incidencia en la Justicia federal de Córdoba.
De acuerdo con el estudio (que abarcó a varias jurisdicciones de la Argentina), gestionar hasta su resolución un expediente en los Tribunales Federales de la provincia por una causa de presunta corrupción puede llevar hasta 10 años de trámite. Los datos extraídos de esa auditoría, que publicamos en la edición del pasado lunes, se refieren a expedientes que ingresaron en sede judicial en los últimos 21 años; es decir, entre 1996 y 2017.
Allí se enumeran los tiempos que van desde la instrucción de una causa, su paso por las salas de la Cámara Federal de Apelaciones y el arribo (si es que el proceso lo amerita) al juicio oral y público.
Con todo, las denuncias por presuntos delitos de corrupción que llegan a la torre federal de la capital cordobesa y a las dependencias del interior y de La Rioja son escasas si se comparan con las que han saturado los juzgados de los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero, en confrontación con alguna defensa corporativa ensayada por miembros de la Justicia federal local, es oportuno encuadrar en la referida mora a la causa por las explosiones de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero.
Más de 20 años de trámite de una tragedia con indubitable matriz corrupta, toda vez que (como se probó en la propia Justicia) se trató de encubrir negocios espurios con el tráfico de armas, que, según la acusación, involucró a las más altas autoridades de aquellos años. Entre ellos, el expresidente y hoy senador nacional Carlos Menem, condenado por contrabando pero luego absuelto, por considerarse que no se cumplió con el principio de “plazo razonable” para arribar a una condena firme.
Los funcionarios que defraudaron la fe pública deben ser juzgados y sancionados en tiempo y forma. La Justicia tiene el desafío de obrar con premura, para que no le gane la impunidad.