La deshonestidad policial en foco
que, sin embargo, enlodan a la mayoría que cumple su tarea con honestidad.
El escándalo que detonó por estos días en la ciudad de Río Cuarto vuelve a poner a la institución en el foco de las críticas, en un contexto de características mafiosas que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias.
Ya no se trata sólo de efectivos de bajo rango los que están abrumados de sospechas: el exjefe de Investigaciones de la Departamental Río Cuarto, comisario Gustavo Oyarzábal, fue detenido por sus presuntos vínculos con poderosos grupos de narcotraficantes de la región.
El llamado narcolavado que sacude a la Capital alterna de la provincia obligó al Gobierno provincial (¿de manera tardía?) a remover a la conducción policial de esa departamental.
Una decisión tomada al calor de una escalada de asesinatos ocurridos en aquella ciudad y que tuvo su pico de máxima tensión el pasado 16 de enero, cuando dos sicarios acribillaron a balazos a un supuesto capo narco.
La situación es de extrema gravedad como para inferir que con un cambio de mando en la Departamental el tema está solucionado y que los vecinos pueden dormir tranquilos, según el mensaje de los nuevos jefes policiales de la zona.
A la luz de las investigaciones del juez federal Carlos Ochoa y del cariz que van tomando los sucesos, habrá que esperar las ramificaciones que puedan tener estos ilícitos, sobre todo en dirección a un cuantioso lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Las purgas en filas policiales deben ser diligenciadas de manera precisa y perentoria, pero sin soslayar la colaboración que deben prestar las autoridades políticas a la Justicia para esclarecer los puntos más oscuros de un entramado delictivo que genera escozor en la ciudadanía.
Lo sucedido en Río Cuarto es una muestra fehaciente del mapa del delito que se expande por las distintas regiones de la provincia y que tiene un anclaje particular (y a menudo fuera de control) en la ciudad Capital. El combate será exitoso con gestión y con funcionarios policiales y judiciales de probada honorabilidad.