Un municipio más complicado por el pago de adicionales policiales
En unas semanas, el fiscal de Río Tercero, Alejandro Carballo, receptará nuevas declaraciones en el marco de una causa iniciada por la denuncia de supuestos pagos de adicionales policiales truchos en el municipio de Almafuerte.
Se trata del servicio de seguridad y vigilancia que la Policía de la Provincia acuerda como prestación con un particular o entidad oficial.
La ampliación indagatoria, que se concretará tras la feria judicial, se sumará a las pruebas que ya acumula la causa, que se inició hace casi dos años.
Están imputados por presunta defraudación calificada en perjuicio de la administración pública y
abuso de autoridad, el intendente de Almafuerte Adrián Scorza (en diciembre asumirá como legislador del PJ por el departamento Tercero Arriba), el secretario de Gobierno, Gerardo Vélez y el comisario Cristian Brassine. En calidad de presunta cómplice secundaria se imputó a una sargento de la comisaría de esa ciudad.
Tras conocerse la imputación, Brassine tomó licencia por cuestiones de salud, según confió una fuente policial.
La acusación está relacionada a la presunta ilegalidad de varios pagos de adicionales realizados por el municipio, hace tres años. Se investiga las razones por las que no habrían quedado registrados en el circuito formal de la administración pública.
La denuncia judicial fue realizada por un vecino de Almafuerte, José Escribano, como consecuencia de varias observaciones realizadas por el tribuno de Cuentas municipal por la oposición, Ernesto Martínez. El tribuno cuestionó que no se seguían los canales formales para pagar los adicionales policiales y que no se hacían los depósitos bancarios como correspondía.
En la primera oportunidad, los acusados se abstuvieron de declarar. Se espera que lo hagan al momento de concretarse la ampliación de la indagatoria.
Desde el entorno más cercano al intendente Scorza se explicó que la denuncia está relacionada al pago de adicionales por un total de 23 mil pesos. Aseguran que “no hay nada ilegal” en el procedimiento denunciado y que se aplicó la misma modalidad que el municipio uso “desde siempre” con esos fines. Fuentes ligadas al municipio insistirían con que habría sido una práctica habitual de particulares y de entidades oficiales realizar el pago de esa manera.
La defensa de los imputados tratará de demostrar que si bien no se habría realizado depósitos bancarios, en el pago cuestionado no figura ninguna firma de funcionarios municipales ni policiales.
En la denuncia se plantearon montos mayores a los que señala el municipio.