En 20 años, la Defensoría del Pueblo sextuplicó su planta de personal
En el año 2000 tenía 25 empleados y hoy, 168. El radical Decara defendió la estructura y la actuación del ente.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba incrementó de forma vertiginosa su planta de personal en los últimos 20 años: pasó de 25 empleados en el año 2000 a los 168 actuales, según datos oficiales a los que accedió La Voz. Se trata de un aumento del 572 por ciento.
El sueldo promedio en la Defensoría asciende a 55 mil pesos mensuales, mientras que el titular, el radical Mario Decara, quien días atrás fue designado para un nuevo período de cinco años, cobra como un legislador: 227.426 pesos.
Decara justificó el crecimiento de personal y defendió a sus colaboradores al asegurar que todos “trabajan, no hay ñoquis”. “Ojalá tenga presupuesto (para nombrar más empleados)”, dijo Decara, quien negó que la dependencia esté duplicando tareas de otras áreas provinciales o nacionales.
También admitió que muchos de los colaboradores nombrados provienen de la política. “(Eso) puede merecer alguna crítica, pero me gustaría que los conozcan para hacer una evaluación más allá de los apellidos”, recalcó
El funcionario dice que necesita más personal y que no hay “ñoquis” entre sus colaboradores.
En los últimos 20 años, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba aumentó su planta de personal 572 por ciento, ya que saltó de los 25 empleados que tenía en el año 2000 a los 168 actuales.
Desde que hay registro –los datos, publicados en el portal de Transparencia del Gobierno de Córdoba, arrancan en el año 2000–,
el plantel ha ido en ascenso, sin registrar ni las crisis ni los ajustes que en dos décadas atravesó el sector privado.
La figura del defensor del Pueblo se incorpora a la Constitución provincial en la reforma de 1987, como comisionado de la Legislatura. Tiene las mismas inmunidades, sueldo y privilegios que un legislador. Dura cinco años en sus funciones, no tiene límite en su
reelección y para ser removido debe mediar un proceso de juicio político. En noviembre de 1988, la ley 7.741 estableció su ámbito de actuación.
El primero en ser nombrado fue el senador angelocista Dante Fornasari, en noviembre de 1989, quien ejerció un solo mandato. En
1994 fue designado el también radical Nelson Filippi, ratificado en
1999 para otro mandato, que llegó hasta 2005. En las tres oportunidades en las que la Legislatura designó defensor, hasta entonces, nombró a un hombre del oficialismo.
En febrero del año 2000, fecha en la que se inician los registros oficiales, Filippi tenía 25 empleados. Al terminar su segundo mandato, en julio de 2005, había 38. Un aumento del 52 por ciento.
Al frente de la Defensoría quedó la defensora adjunta Jéssica Valentini, una designación cuestionada por el Frente Cívico en la Legislatura, que acusó a Filippi de autorreemplazarse. Valentini estuvo tres años: asumió con 30 empleados (ocho menos que los que dejó Filippi) y se fue con 38: 27 por ciento más.
El salto fuerte de los nombramientos vendría después, con la designación del radical Mario Decara, el primero que provino de las filas de la oposición.
Es que, para ese entonces, el radicalismo en la Defensoría había convivido casi ocho años con el gobierno de José Manuel de la Sota.
La designación de Decara fue polémica y debatida en su momento. Valentini se había anotado para continuar; los juecistas postularon al entonces cura Nicolás Alessio y la pelea vino del lado de los radicales: un sector postuló a Jorge Sappia, a Antonio María Hernández, a Jorge Font y a Susana Pagés, y otro sector acordó directamente con el PJ la designación de Mario Decara, de Huerta Grande, amigo del peronista Carlos Caserio.
A la luz de los números, y de algunos nombres, la Defensoría se convirtió entonces en un bastión apetecible para obtener el siempre preciado cargo en la administración pública. Allí, el sueldo promedio es de 55 mil pesos y todos responden al escalafón del Poder Legislativo. El defensor cobra como un legislador: 227.426 pesos en bruto.
Autónoma, sin controles del Tribunal de Cuentas y con funciones duplicadas y superpuestas con otros entes del Ejecutivo provincial, fue un botín político tanto para los radicales, marginados del poder, como para los propios peronistas.
Gestión Decara
En septiembre de 2008, había 38 empleados. Al término de su primer mandato, en septiembre de
2013, Decara ya tenía 101: con 63 nuevos nombrados, el crecimiento fue del 166 por ciento. Decara se alejó entonces del cargo siete meses y quedó su adjunto, Hugo Pozzi.
En julio de 2014, Decara fue designado nuevamente por la Legislatura para otro período. Arrancó con 106 empleados. Cuando finalizó su segundo mandato, el
2 de julio pasado, había nombrado otros 62 empleados y su plantel se había incrementado otro 58 por ciento. De esta manera, el acumulado en sus dos mandatos arroja un crecimiento del 342 por ciento. Y, si se lo mira en perspectiva, en
20 años, casi se sextuplicó. Hace unos días, en otra votación que también fue cuestionada por un sector de la oposición, Decara fue designado por un período más, que inició el 3 de julio. Para este año, tiene 205 millones de pesos de presupuesto. Casi todo va a sueldos.
“Estás viendo el tema al revés. En realidad la pregunta es por qué no tengo más personal, considerando las cosas que hacemos”, respondió Decara cuando La Voz le preguntó sobre el crecimiento de personal en su gestión.
Admitió que muchos de los nombrados provienen de la política, tanto de las filas del radicalismo como del peronismo. “Lo de los cargos políticos puede merecer alguna crítica, pero me gustaría que los conozcas para hacer una evaluación más allá de los apellidos”, dijo.
Cuando se le preguntó por algunos de esos apellidos, sostuvo: “Creo que ellos no merecen un escrache; yo tengo el cuero duro. Es gente buena, seria, útil más allá del apellido, y trabaja. No te olvides de este detalle: trabaja; no hay ñoquis en la Defensoría”. Y pidió tener más presupuesto para sumar gente y, a su entender, hacer más cosas.
Funciones
Si el nombramiento de personal es polémico, las funciones de la Defensoría también merecen un debate, especialmente por la superposición con otros órganos de gobierno.
La ley 7.741 establece tres áreas de actuación para la Defensoría: “Defender los derechos colectivos o difusos frente a actos, hechos u omisiones de la administración provincial; supervisar la aplicación de las leyes y disposiciones de la Provincia, y supervisar la eficacia en la prestación de los servicios públicos provinciales”. Se aclara que su intervención está excluida de los asuntos de competencia judicial.
Para la supervisión de los servicios públicos provinciales, la propia Provincia creó en el año 2000 otro organismo específico, el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), que tiene 210 empleados y presupuesto financiado por los usuarios, con un cargo específico en las facturas.
Muy activo en la comunicación pública de su gestión, Decara implementó programas para la promoción de la igualdad de género, la seguridad vial y la navegación segura en internet, y de alerta por la trata de personas.
Armó un centro de mediación comunitaria y tres “institutos”, a los que bautizó como Ipadep, Inadep e Inedep.
Con el Instituto de Ambiente del Defensor del Pueblo (Inadep), realiza acciones de capacitación para el cuidado del medioambiente; con el Instituto de Adicciones del Defensor del Pueblo (Inadep), trabaja en prevención comunitaria sobre el tema, y con el Instituto de Estadística del Defensor del Pueblo (Inedep), realiza relevamientos del costo de la canasta de alimentos, de servicios, de los útiles escolares y de los productos navideños.
Todas esas áreas de acción están contempladas en otras dependencias de la Provincia, a veces de la Nación y de los municipios. La superposición de tareas, sin una coordinación conjunta, es uno de los problemas estructurales de los diferentes niveles del Estado.
Especial atención merecen las estadísticas que releva la Defensoría, cuya presencia en los medios es amplia, aunque podría superponerse con las actividades de la Dirección de Estadística de la Provincia, que actúa en coordinación con el Indec nacional.
“Soy muy afecto a la estadística y veo cómo funcionan en otros países los institutos de estadística. Después establecés políticas públicas para actuar”, justifica Decara.