Cómo pasar del plan social al trabajo privado
Con sus matices, todos los analistas coinciden en la urgencia de que la economía crezca para que pueda absorber a quienes tienen hoy un plan social y, eventualmente, para reemplazar el trabajo público por el privado.
“Es complicado desarmar la asistencia, lo primero sería ir subiendo el empleo privado para tomar al que hoy es empleado público”, dice Fernando Marengo, economista del estudio Arriazu y asociados.
Eso se lograría a fuerza de mejor remuneración en el sector privado, ya que los estatales tienen estabilidad y un régimen laboral más benigno, alicientes durísimos de igualar para el sector privado. Para lograr mejor salarios privados, hay que mejorar la competitividad y ahí empiezan a tallar las reformas estructurales pendientes que tiene la Argentina.
Las jubilaciones y las pensiones otorgadas son derechos ya adquiridos. “Hay que lograr que los nuevos jubilados hayan aportado genuinamente”, apunta Marengo.
Por eso, es clave lograr un blanqueo laboral para que aumente la cantidad de gente aportante y que, al momento de jubilarse, reúna los años requeridos.
En ese sentido, la Pensión del Adulto Mayor, que es lo que quedó en pie de las viejas moratorias para quienes no aportaron, no se traslada al cónyuge y paga el 80 por ciento de una jubilación mínima.
Hay todavía una excepción para las mujeres que cumplan 60 antes del 2023, ya que para este grupo continúa lo que se conoció como “amas de casa”.
Otro gran desafío es la reducción de los planes sociales, que alcanzan a 3,6 millones de argentinos, sin contar la AUH.
“Primero, hay que lograr que quien tiene un plan social pueda tener un trabajo y hacer un empalme”, apunta el diputado nacional Daniel Arroyo. Y describe: “Si la economía crece, un tercio de los que tienen planes entran enseguida, porque el problema es que está parada la economía; otro tercio requiere de capacitación porque aunque la economía volara, no entrarían; y otro tercio está muy afuera de un programa laboral por cuestiones de salud o de adicciones”, dice.
El plan “empalme”, que el Gobierno imaginó para quienes accedieran a un empleo registrado, casi no tuvo eco. Prometía pagar dos años el subsidio como parte de un salario y, de no continuar con el empleo, se mantenía el subsidio.
“Yo no digo que hay que echar a los empleados públicos o sacar los planes de golpe, pero hay que crear conciencia: ¿quién tiene la obligación de mantener a otro? ¿Hasta qué punto?”, dice, siempre polémico, el economista Roberto Cachanosky.
“¿O me van a vender a mí que los políticos tienen más sensibilidad social que el ciudadano común? El político se mueve por interés político y eso se puede bajar. Llevará mucho tiempo, pero hay que cortar el chorro”, plantea. E insiste en que los planes sociales deben otorgarse por un período y con un destino claro: “En las Becas Progresar, hay 578 mil beneficiarios. ¿Qué son esos? Nadie sabe. En el programa Hacemos futuro, hay
234 mil beneficiarios, y en Proyectos Productivos Comunitarios hay
270 mil. ¿Qué hacen? Nadie sabe”, plantea Cachanosky.