La erogación estatal creció con ineficiencias estructurales

La presencia del Estado fue imprescindible para asistir a la población tras la crisis que se generó al abandonar la convertibilidad, cuando la desocupación alcanzaba al 21,5 por ciento de la población. Incluso, para amortiguar las crisis que vinieron después: la de 2009, la de 2014, la de 2018 y la actual.

Pero, según los analistas, mucha de esa asistencia se otorgó sin evaluar la situación de necesidad del beneficiario, como pasó con las jubilaciones por moratoria, a la que accedieron 3,6 millones de personas, aun teniendo otros ingresos previsionales o bienes inmuebles como renta.

Además, esas jubilaciones generarán pensión por sobrevivencia. Se cuestiona no sólo que quien recibió el beneficio lo haya conseguido sin aportar, y hasta teniendo otros ingresos, sino también que al fallecer se le seguirá abonando a la pareja.

Además, entre los jubilados y los pensionados de Anses, hay 800 mil personas que tienen doble beneficio. Es decir que, incluso siendo beneficiarios de una pensión, por ejemplo, pudieron tramitar una jubilación por moratoria.

Después están los 3,59 millones de personas que todos los meses reciben un plan social. “Los planes sociales tienen que tener un límite de tiempo, hay que plantearse filosóficamente cuál es la función del Estado. Vaya a España para ver si le dan un subsidio de por vida”, reclama el economista Roberto Cachanosky. Y cita como ejemplo la pensión para madres de siete hijos: “Se sigue cobrando aunque el hijo tenga 50 años”, cuestiona.

“Detrás de la marca de la sensibilidad social del kirchnerismo, hay un gran negocio político”, agrega Cachanosky. Y da el ejemplo de los monotributistas sociales: “Algunos juntan de a 20, les pagan el monotributo y venden al Estado sin licitar”, dice.