Darle batalla a la corrupción
Una causa por corrupción demora en promedio en nuestro país más de 10 años. Sólo el ocho por ciento llega a juicio y, de este porcentaje, menos de un tercio termina con condena. Estos datos son simples muestras del trabajo que desarrolló el cuerpo de auditores del Consejo de la Magistratura de la Nación sobre las causas de corrupción en el fuero federal entre 1996 y 2016.
El interrogante es si la solución al problema de la corrupción pasa sólo por el Poder Judicial o el tema es más complejo y estructural.
Estoy convencido de que el problema es sistémico y, para darle batalla, se requiere de un trabajo coordinado entre los diferentes actores.
De un Ejecutivo que formule políticas públicas que reformen el sistema de control de la administración pública.
De una legislación moderna, que le permita a la sociedad obtener resultados en un plazo razonable, protegiendo a los denunciantes y recuperando los bienes de la corrupción.
De un Poder Judicial comprometido, con herramientas y recursos suficientes para enfrentar estas organizaciones, y de una sociedad civil activa, participativa no sólo en las denuncias, sino en el
monitoreo de las instituciones públicas.
En este marco, como legislador provincial presenté tres proyectos vinculados a la temática: arrepentido (convertido en ley provincial número 10.602); y dos que se encuentran en comisión: proyecto de extinción de dominio y proyecto de protección especial de testigos.
Los tres tienen un mismo objetivo: dar pelea a este flagelo en el marco de convencionalidad al que nuestro país adhiere por medio de los tratados interamericanos de lucha contra la corrupción y de Naciones Unidas, ambos aprobados por las leyes 24.759 y 26.097.
Seguridad jurídica
Mi último proyecto –el de la protección especial de testigos– apunta a proteger a los denunciantes, testigos y víctimas de delitos vinculados a la administración pública, más conocidos como delitos de corrupción.
Este proyecto no hace más que cumplir con las convenciones internacionales. Pero, sobre todo, brinda seguridad jurídica a todo aquel particular o funcionario público que denuncia y proporciona información útil de buena fe a la investigación.
El objetivo es incentivar dicha práctica, la concientización y la participación ciudadana, ya que un alto porcentaje de estas complejas investigaciones se inician con denuncias de particulares y, para ello, es necesario quebrar ese círculo de impunidad.
El sujeto protegido siempre es una persona física/denunciante. Testigos, peritos, proveedores del Estado, funcionarios públicos y cualquier particular que se vea menoscabado en sus derechos por un acto arbitrario e ilegal.
Las medidas de protección deben otorgarse de manera fundada, cuando la información que se brinde sea considerada por la autoridad judicial como relevante para el avance de la investigación, ya sea acreditando los hechos, recuperando los bienes o denunciando a los autores y partícipes que pongan en peligro la vida, la integridad física del denunciante y de sus familiares, su relación laboral, reputación profesional, sus bienes o cualquier otro derecho subjetivo o interés legítimo que se vea afectado.
La protección se puede solicitar de manera formal con la presentación de un escrito o informal por un llamado telefónico o correo electrónico. En ambos casos, la solicitud debe contar con un resguardo de confidencialidad y el procedimiento de otorgamiento es oral, pudiendo incluso de oficio el fiscal solicitarla antes de que se inicie la investigación sobre el hecho denunciado, en el momento de efectuar la denuncia o de prestar la declaración como testigo, durante el proceso de investigación hasta su culminación.
El denunciante deberá, si el juez lo considera, acogerse a un programa de protección de testigos por hechos de corrupción.
La reserva de identidad; la protección laboral ante despido, suspensión o acoso laboral; la seguridad; la declaración mediante el sistema de videoconferencia y todas aquellas medidas tendientes a hacer cesar los efectos del acto ilegal y arbitrario dictado por la administración pública constituyen sólo un catálogo de herramientas, que no es taxativo y que la autoridad de aplicación tendrá entre sus facultades.
El proyecto apunta a fortalecer conductas, generando confianza en el sistema y promoviendo la participación activa de la sociedad civil, ya sea en calidad de testigos, peritos o víctimas que no se encuentran amparadas por el programa de protección de testigos de la ley del arrepentido, ya que en ese supuesto actúan como partícipes del hecho para obtener una reducción de la pena.
El problema de la corrupción es estructural y sistémico. Sólo fortaleciendo controles, sumando transparencia en la gestión pública en un trabajo coordinado de los tres poderes del Estado sobre una legislación moderna y una sociedad que participa en un sistema que genera confianza, estaremos en condiciones de seguir batallando contra este flagelo en pos de una sociedad más justa e igualitaria.
* Legislador provincial