Riesgos sanitarios impredecibles
El colapso casi general de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande, de la ciudad de Buenos Aires, nos muestra una vez más la incapacidad operativa del Estado por solucionar un sistema sanitario crucial que, tal como está, entraña un alto riesgo para la salud de la población, además de conspirar contra la calidad del medioambiente.
De acuerdo con informes difundidos al cabo de exhaustivos estudios sobre el mal funcionamiento de esa planta, ubicada en la periferia este de la ciudad de Córdoba, se puede inferir que la situación es grave.
El deterioro y sus consecuencias asustan: estudios de la Policía Ambiental de la Provincia determinaron que los líquidos cloacales que se vierten al río Suquía desde la estación Bajo Grande tienen prácticamente el mismo grado de contaminación que presentan cuando ingresan.
Es decir, según esos relevamientos, la infraestructura funcional de la planta –bajo gestión de la Municipalidad de Córdoba– ha dejado de cumplir sus funciones más específicas. Y el panorama es inquietante porque no se visualizan planes de obras ni partidas presupuestarias que alimenten la esperanza de una pronta remediación.
De tal modo, los líquidos saturados de virus, de bacterias y de hongos relacionados con la materia fecal van a parar casi sin escala al degradado río, para iniciar un recorrido que los lleva hasta la laguna Mar Chiquita, previo paso por poblaciones que sufren los efectos de la contaminación.
Desde la Municipalidad atribuyen los reventones en Bajo Grande a la “pesada herencia”, pese a que van a cumplirse ocho años de la actual gestión del intendente Ramón Mestre. La excusa asoma extemporánea, aunque es cierto que el problema arrastra décadas de inoperancia que ponen en foco, también, a las anteriores administraciones en el Palacio 6 de Julio.
Entre proyectos y promesas de campañas políticas que nunca se concretaron en obras de infraestructura que atiendan el exponencial crecimiento que tuvo la red de cloacas durante los últimos años en Córdoba, irrumpen las multas y los pedidos de explicaciones de ocasión.
En julio de 2018, Policía Ambiental incluyó a la Municipalidad en el registro de infractores y le aplicó una sanción millonaria. Además, le requirió precisiones sobre la planta de tratamiento de líquidos cloacales que debe construir Corporación América, en el marco del proyecto urbanístico con asiento en el ex Batallón 141.
La Municipalidad y la jurisdicción provincial tendrán que asumir que la realidad pasa por costados ajenos a las sanciones y a los negocios: si no se actúa con urgencia, Bajo Grande seguirá operando como un gigantesco foco de contaminación sanitaria de resultados impensados.