Funcionario imputado por la muerte de dos obreros
Con una caminata por el centro de la ciudad de Villa Dolores, en Traslasierra, ayer se pidió justicia por la muerte de dos trabajadores municipales que, una semana antes, habían sido atrapados por un derrumbe en una obra pública céntrica.
Familiares de las víctimas, militantes de derechos humanos y vecinos pidieron que se esclarezcan los hechos.
La Justicia imputó ayer a dos personas, entre ellas a un funcionario y al ingeniero encargado de la obra, que fue clausurada. Familiares afirman que los operarios trabajaban sin las medidas correspondientes de seguridad. El municipio guarda silencio. El siniestro se produjo el martes
16 de julio a las 18, cuando el desmoronamiento en una obra municipal de desagües sepultó a dos empleados contratados.
La presunción de que el derrumbe era evitable, la falta de dotación de seguridad, el silencio de las autoridades y otras supuestas anomalías son los argumentos de quienes marcharon.
Cuando trabajaban a tres metros de profundidad, en una obra situada en pleno centro de la ciudad, dos operarios fueron cubiertos por un derrumbe de arena y piedras. Norberto Orlando Romero (44) fue extraído sin vida de la obra. Damián Altamirano
(23) fue rescatado y reanimado, quedó en gravísimo estado en el hospital Villa Dolores, pero murió cinco días después a causa de las heridas y de la asfixia sufridas.
Polémica
“La causa está caratulada como homicidio culposo agravado por la multiplicidad, delito que prevé una prisión de entre dos y cinco años, y una posible inhabilitación especial”, declaró ayer la fiscal Eugenia Ferreyra.
La magistrada destacó que se espera un informe del área Cymat (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo) del Gobierno de Córdoba sobre la situación. El mismo organismo clausuró la obra, que hoy se encuentra cubierta con tierra. También acudió al lugar, horas después, el área de Física y Mecánica de la Policía Judicial. Su informe está en trámite. “Prima facie, los trabajadores no contaban con las mínimas condiciones de seguridad requeridas en estos casos”, dijo un funcionario ligado a la investigación.
Los imputados son el secretario de Obras Públicas del municipio, Aldo Zanitti, y el ingeniero a cargo de la obra, Enrique Bernáldez. Sería inminente la imputación de un técnico relacionado con la construcción.
Fuentes judiciales informaron que la obra no contaba con la autorización del Colegio de Ingenieros de la Provincia.
La mañana del miércoles 17, sin la presencia de la intendenta Gloria Pereyra, autoridades municipales brindaron una conferencia de prensa.
Sólo manifestaron su pesar por el suceso y la decisión de decretar duelo por dos días ante la muerte de Romero. La medida se repitió a partir del domingo ante el deceso de Altamirano. En el encuentro con la prensa no se respondieron preguntas. En los días siguientes siguió el silencio del municipio, lo que causó malestar en las familias de las víctimas.
Manifestación
Unas 200 personas marcharon anoche pidiendo justicia. “Queremos saber qué pasó, nadie nos ha explicado nada, somos dos familias destruidas, y parece que no le importa a nadie”, dijo Yanina Altamirano, hermana de uno de los fallecidos. Y agregó: “La única protección que tenía mi hermano era un casco amarillo; antes hubo otros desmoronamientos y otros heridos en la misma obra, otro muchacho se quebró la pierna”.