¿Qué reforma laboral?
Por estos días se habla de reforma laboral, tema al que aludieron distintos personajes para proclamar su necesidad o negarla, pero sin decir por qué. Desde el candidato a vicepresidente del oficialismo hasta voceros de entidades empresariales proclamaron que la legislación del trabajo es vetusta y exige su renovación. El sindicalismo expuso su rechazo acusando al intento reformista de limitativo de los derechos de los trabajadores.
Pretendo aclarar el contenido de esa reforma, no sin antes decir que teóricamente es bueno para el desarrollo de las sociedades que se propongan reformas, si su propósito es mejorar las condiciones de las personas que las integran. Por ello, es necesario comprobar si lo que se proyecta atiende a ese principio.
Aludo primero a los tres proyectos llegados al Congreso de la Nación, dos enviados por el Poder Ejecutivo y un tercero presentado por un grupo de senadores nacionales del PRO y un senador de la UCR. Ninguno tuvo tratamiento en comisiones y, por ende, no lograron despacho. Parlamentariamente, no existieron, pero sí tuvieron difusión.
Las tres iniciativas mostraron idénticas proposiciones respecto
de las estructuras jurídicas que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores. Aquí evocaré sólo el propósito ínsito en los tres proyectos de desterrar la protección contra el despido arbitrario, un derecho de los trabajadores establecido en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, traducido en derecho positivo en la obligación del empleador que despide sin causa de pagar una indemnización resarcitoria.
La pretensión reformadora consiste en suprimir ese mecanismo y reemplazarlo por el acceso del trabajador despedido a una suma integrada en un fondo de cese laboral que el empleador forma mensualmente con una contribución porcentualizada del salario del empleado.
La idea se basa en la experiencia de la industria de la construcción, cuyas relaciones laborales se rigen por la ley 22.250. Podría parecer, a simple vista, que no habría problemas con el cambio, pues hasta sería posible que, según el valor porcentual que se asigne al aporte patronal al fondo, el trabajador despedido cobrara una suma parecida a la indemnización. ¿Cuál sería, desde la óptica del empresario, la consecuencia del cambio, si la indemnización le puede costar tanto como el aporte al fondo? La respuesta aclara el objetivo perseguido.
Los impulsores del fondo afirman que al haber más facilidad para despedir, habrá más empleo. Sostienen que si se despide sin ninguna traba, habrá más gente trabajando. En mi opinión, lo que existirá es una cantidad mayor de personas ingresando y egresando del mercado laboral, pero la fotografía estática dará siempre el mismo número de empleados.
Señalo que la creación de empleos no se sustenta facilitando el despido de trabajadores, sino en la posibilidad del empresario de invertir en un nuevo dependiente si las condiciones económicas lo estimulan. Para eso, necesita liberarse del cepo impositivo, en la medida que grava la producción y el trabajo; gozar de incentivos para la exportación; acceder a créditos que alienten la producción y, en el plano de los costos nacidos de la existencia de contratos de trabajo, requiere una inmediata y significativa rebaja de las contribuciones a la seguridad social.
Mientras se mantenga una economía con un 40 por ciento de informalidad, no hay sistema de seguridad social sustentable. El Estado debe asumir políticas de estímulo, seguimiento y capacitación para la formalización, y sobre esa base proyectar una acción eficaz de inspección. Disminuyendo el costo de la seguridad social y ampliando la base contributiva, podría resolverse la cuestión.
Diferencias
En la construcción, no hay posibilidades de producción seriada, pues concluida una obra no hay certeza de que exista otra, lo que permitiría seguir con el mismo plantel de trabajadores. Por eso, un acuerdo entre las representaciones empresariales y las sindicales consensuó, hace más de 50 años, ese mecanismo.
Distinto es el caso de los demás ámbitos de trabajo, donde se observa una actividad continua y en los cuales el trabajador ingresa con la esperanza de mantener el puesto. He aquí un punto crucial del debate sobre el modo de extinguir el contrato de trabajo: resolver el dilema entre indemnización o fondo de desempleo.
Dije que en materia de dinero podría establecerse algún parecido entre el monto que recibe un trabajador indemnizado y otro que cobra el fondo, por lo que debe indagarse dónde está el daño que se hace al derecho del dependiente.
Existe un factor muy importante: el trabajador sabe hoy que, si el empleador quiere despedirlo, debe afrontar el trámite y el costo que ello supone, preavisarle o pagarle el preaviso. Es decir, tiene una protección contra el despido incausado.
En el sistema del fondo, no hay notificación anticipada y el despido sobreviene de modo súbito. El empleado no sabe en qué momento se queda desempleado.
En esas condiciones, quedaría sometido a un estado permanente de tensión y temor, sin voluntad de peticionar y menos de reclamar. Lo que se plantea con el sistema del fondo es una forma de ejercicio del poder en la relación de trabajo.
En síntesis, en un primer examen de las postulaciones reformadoras, opino que la promoción del sistema del fondo debería ser rechazada por su condición dañosa para los trabajadores dependientes.
* Abogado laboralista; profesor consulto de la UNC