Vuelve la pena de muerte en casos federales
A contramano de la creciente opinión mundial contra la pena de muerte, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que desde diciembre próximo serán restablecidas las ejecuciones para condenados por casos federales, que estuvieron en suspenso durante los últimos 16 años.
El fiscal general (ministro de Justicia), William Barr, justificó la reimplantación de la pena capital en la necesidad de dar “justicia a las víctimas de los crímenes más horribles”.
Barr transmitió su decisión al buró de prisiones y pidió a su director, Hugh Hurwitz, que programe las ejecuciones de cinco presos que fueron condenados a muerte por asesinato, y también por delitos de tortura y violación contra niños y ancianos.
La última ejecución federal se produjo en 2003 y actualmente hay 62 presos condenados a la pena capital por el gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, en inglés).
“Bajo gobiernos de ambos partidos, el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte para los peores criminales, incluidos estos cinco asesinos, cada uno de los cuales fue condenado por un jurado tras un proceso completo y justo”, dijo Barr en una declaración pública.
La próxima ejecución, con el uso de una inyección de pentobarbital, está fijada para el 9 de diciembre en la prisión federal de Terre Haute, en Indiana.
La primera voz contra esta medida se levantó en California, cuyo gobernador, Gavin Newson, expresó su rechazo en duros términos. “El gobierno de Trump ha elegido unirse a Kim Jong-un de Corea del Norte, al rey Salman de Arabia Saudita y al gobierno de Vladimir Putin en la ejecución de sus ciudadanos”, denunció Newson en un comunicado.
“El asesinato intencional de otra persona está mal y nuestro sistema de pena de muerte ha sido, en todos los aspectos, un fracaso”, apuntó.
Añadió que “la pena de muerte ha discriminado a los acusados que tienen enfermedades mentales y a afroamericanos que no pueden pagar una representación legal costosa”.
La suma de rechazos a la pena capital movió con el tiempo a 21 de los 50 estados del país a ordenar su abolición.