El atroz crimen de Azul busca la verdad
La trabajadora sexual trans fue brutalmente asesinada en octubre de 2017. Hubo conmoción en la sala de audiencias.
Una sala llena de mujeres trans, una familia quebrada por la emoción, abogados, legisladores y periodistas se alistaban ayer en la Cámara 9° del crimen para la primera audiencia del juicio por el femicidio de Azul Espinosa, conocida como Azul Montoro, ocurrido hace casi dos años, el 17 de octubre de 2017.
“A Azul le propinaron 17 puñaladas”, dice el funcionario judicial que relata detalles del asesinato y, cuando empiezan a mencionar dónde fue cada una de las puñaladas, su hermano Hernán se conmueve profundamente y se tapa los oídos para no escuchar más. Las lágrimas y la tristeza mezclada con bronca atravesaban a cada uno de los allegados a la víctima.
El juicio adquiere relevancia pública porque es el primer caso en Córdoba donde el crimen de una persona trans llega a juicio oral y es el primero en el país que lleva la carátula de femicidio respetando la identidad de género de la víctima, una chica trans de 24 años que se definía como mujer.
“Soy trabajadora sexual. Con mis compañeras recibimos agresiones todo el tiempo. Nos insultan, nos tiran piedras”, contó Lara Godoy, la mejor amiga de Azul y la dueña del departamento donde la asesinaron, en su relato ante el jurado popular y el tribunal compuesto por Gustavo Rodríguez Fernández, Roberto Cornejo y Martín Bertone.
El abogado querellante, Tomás Aramallo, hizo referencia en el inicio del juicio al contexto en el que ocurrió el crimen: una zona roja donde ofrecen sus servicios sexuales trabajadoras trans que, por discriminación y prejuicio social, encuentran en este oficio la única salida laboral. El colectivo trans tiene una expectativa de vida de apenas 35 años.
“Este caso debe ser un ejemplo para que la sociedad empiece a mostrar inclusión para que estas cosas no vuelvan a suceder”, dijo Aramallo, dirigiéndose al tribunal. Lo que subyace detrás de este caso es la vulnerabilidad a la que quedan expuestas las trabajadoras sexuales: desde la falta de oportunidades laborales, hasta el maltrato por parte de sus clientes o de todo tipo de personas que las agreden por su condición.
“Esperamos que este caso rompa con otros crímenes contra chicas trans que quedaron impunes. Después de siete años de la ley de identidad de género, por primera vez caratulamos como femicidio la muerte de una persona trans”, dijo a La Voz Alejandro Escudero Salama, subdirector de Derechos Humanos de las Minorías y Lucha contra la Discriminación de la Provincia, quien se hizo presente en el juicio. También estuvieron los legisladores Liliana Olivero, Soledad Díaz García y Martín Fresneda, y la subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad de Córdoba, Kitty Quispe, entre otros.
El juicio
Luego de la descripción de los hechos por parte del fiscal Gustavo Arocena y la del querellante, habló Javier Rojo, el abogado defensor de Fabián Alejandro Casiva, el único imputado en la causa. Rojo indicó que este no comprendió la criminalidad de sus actos, haciendo referencia a los padecimientos mentales del acusado.
Casiva, de 26 años, contó algunos detalles de su vida, que incluyó internaciones reiteradas en establecimientos de atención en salud mental. Afirmó, asimismo, que consumía drogas de todo tipo y alcohol. Luego, se negó declarar lo que ocurrió aquella noche.
Aunque las pruebas son contundentes en su contra, la defensa se apoyará en el primer peritaje psiquiátrico que indicó que era inimputable, pero que luego fue contrastada con una segunda que determinó lo contrario.
El crimen
El 17 de octubre de 2017, trabajadoras sexuales que estaban en la zona cercana al Mercado Norte vieron cuando Casiva buscó a Azul y fueron en su moto hasta el departamento de Lara en la calle Rincón, en el centro de la ciudad de Córdoba. Allí, una discusión entre ellos –que, se conoció, habría sido por dinero– desató la ira de Casiva, quien asesinó cruelmente a Azul y también lastimó a la perra caniche que estaba en el departamento.
El hombre volvió a la madrugada a su casa de barrio Villa El Libertador donde vivía con sus padres y algunos de sus cinco hermanos. La Cámara del Crimen 2° de Río Cuarto condenó ayer a Angel Enrique Juárez (66) a prisión perpetua. Lo halló culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género (femicidio). El 29 de septiembre de 2017, Juárez llegó a la comisaría de Ucacha con las ropas ensangrentadas y dejó un cuchillo sobre la mesa. Espontáneamente, relató que había asesinado a Analía Gómez (35), su expareja, en una casa donde la mujer estaba trabajando. Luego, Juárez negó los hechos y se dijo inocente. Ayer fue condenado con la máxima pena.