Quieren prohibir que condenados por corrupción puedan ser candidatos
Cinco días antes de las elecciones Paso, el oficialismo buscará dar un golpe de efecto en un Congreso dormido: desempolvará una decena de proyectos de ley, con el fin de acordar un texto consensuado sobre la prohibición de candidaturas a quienes estén condenados por causas de corrupción.
Con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta imposibilidad sólo rige para quienes afronten condenas firmes.
El oficialismo ahora quiere que sea ley: inicialmente propuso que bastara una sentencia de primera instancia; pero ahora, tras negociaciones con la oposición, ablandó su postura y propondrá como requisito un fallo de cámara.
El proyecto que establece esta restricción –en ese caso con sentencia de primera instancia– obtuvo dictamen el 7 de noviembre de 2017, pero como no se trató en el recinto perdió estado parlamentario.
Ahora retomarán el tema en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, presididas por Pablo Tonelli (PRO) y Diego Mestre (UCR), respectivamente, que fue convocado para el próximo martes a las 15 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.
Si la iniciativa fuera ley, por ejemplo, exministro kirchnerista Julio de Vido, que hoy está preso, no podría ser precandidato a diputado nacional, como actualmente lo es por el partido Dignidad Popular, que lleva de postulante a gobernador al periodista Santiago Cúneo.
Es porque De Vido está condenado desde el año pasado por la Tragedia de Once, a 5 años y 8 meses de prisión, acusado de ser partícipe necesario del accidente de 2012.
En 2017, la iniciativa fue impulsada por el oficialismo, y acompañada por el massismo y el PJ.
En 2017, la iniciativa fue impulsada por el oficialismo, y acompañada por el massismo y el justicialismo no kirchnerista, pero fue rechazada por el kirchnerismo.
Se trata de una única modificación al artículo 33 de la ley orgánica de los Partidos Políticos (23.298): se incorpora la prohibición de ser precandidatos a los condenados por delitos de corrupción contra la Administración Pública.
Estos delitos son cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.