El juez Ramos Padilla procesó al periodista Daniel Santoro
Lo hizo bajo las figuras de coacción y extorsión. Preocupación en el ámbito periodístico.
El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó ayer al periodista Daniel Santoro, de Clarín, y le trabó un embargo por tres millones de pesos en la causa en la que se investiga una supuesta red de espionaje y extorsión, pero consideró que no hay elementos para afirmar o descartar que el acusado formaba parte de una asociación ilícita.
Desde la Academia Nacional de Periodismo expusieron la preocupación por la medida de Ramos Padilla (ver aparte). También desde Adepa.
El magistrado dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer al periodista en lo que refiere a la acusación por presunta “asociación ilícita” con Marcelo D’Alessio, el falso abogado detenido el 15 de febrero pasado. En una resolución de 474 páginas, Ramos Padilla dijo que “se encuentra probado que para el desarrollo de los planes criminales, la asociación ilícita de la que participaba (el falso abogado y ya detenido) Marcelo D’Alessio se valió de la actividad y la figura del periodista Daniel Santoro”.
El magistrado también explicó que, en lo que hace a Santoro y al igual que con cualquier otro imputado, debe tenerse presente que el estándar de prueba que se requiere para arribar a una resolución de mérito durante la instrucción es distinto y menos riguroso que el que se exige para una sentencia.
Asimismo, dijo Ramos Padilla que la vinculación a un proceso no implica per se que se afirme su culpabilidad.
Adepa
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó ayer su preocupación por el caso Santoro, y dijo que “confía en que, en los pasos siguientes, prime la sana doctrina que consagra a la libertad de prensa como institución indispensable para el funcionamiento del sistema democrático y republicano de gobierno”.
“Adepa ha reiterado desde sus orígenes que el oficio de periodista no otorga privilegios ni indemnidades a la hora de rendir cuentas ante la Justicia. Pero, al mismo tiempo, siempre ha dejado claro que la labor periodística y el acceso a la información sí deben ser protegidos –como lo hace de manera estratégica nuestra Constitución Nacional– para favorecer un mayor control de la ciudadanía sobre los actos de gobierno, los abusos y los eventuales delitos que se cometan desde el poder”, dijo.