Federalismo y personas con discapacidad

Nuestra historia, desde 1810, nos brinda una visión de las aspiraciones que como sociedad política procuramos concretar. No hemos objetivado, institucionalmente, aquella vocación de organizarnos de un modo determinado.

Y el federalismo real es una deuda que acarreamos y nos interpela desde el artículo 1° de la Constitución Nacional.

Este déficit se evidencia, como demostración de ejercicio de poder, en lo relativo al manejo de fondos que hace el Gobierno nacional desde siempre. Es generoso o tacaño, favorece o perjudica a las provincias, según un extraño decálogo que nadie conoce.

No seamos ingenuos: este federalismo, pequeño y egoísta, se reitera con distintos grados de “perfección” en toda nuestra geografía nacional, como una reinterpretación de la teoría del derrame de las malas prácticas.

Sin entrar a examinar la cuestión de la coparticipación –porque el federalismo es mucho más que la distribución de fondos–, la fragilidad de nuestro sistema alcanza y golpea de manera brutal a los grupos más vulnerables de la sociedad, que ven afectada de modo directo la posibilidad del ejercicio y goce de derechos fundamentales, en plenitud.

Y en este punto preguntemos a quienes integran dichos grupos cómo es la tragedia cotidiana que implica no vivir en una capital o en una gran ciudad o cerca de una oficina pública, lo cual nos permite afirmar: “Dime dónde vives y te diré de qué

careces”.

Debemos dimensionar la lesión a derechos individuales que ello genera.

En el caso concreto de las personas con discapacidad, sus familias y quienes los asisten, padecen de forma irreparable el no-federalismo practicado en distintos niveles de la gestión pública o privada, como réplica imperfecta del mal-hacer. Hay instituciones, personas, que hacen lo que pueden; pero no alcanza.

Lejos de la igualdad

Hay que imaginar a un niño que asiste a la escuela en silla de ruedas y debe transitar caminos no asfaltados, o recibir atención terapéutica a una hora específica y llegar a una ruta para tomar el transporte de horario “indeterminado” que le posibilite subir con su silla de ruedas. O el retaceo –demasiado frecuente– de las obras sociales o prepagas para brindarle determinadas prestaciones y que remiten a las decisiones que se toman en la sede central, que suele estar lejos.

Y si aún se piensa que la persona con discapacidad es alguien “enfermo” y existe un centro de salud próximo, se supone que todo está solventado.

De ese modo se alcanzan niveles de profunda discriminación. Así, es elevado el número de acciones judiciales que deben iniciar para obtener lo debido.

En el siglo 21, las personas con discapacidad, del interior profundo, esperan que la igualdad de oportunidades sea una realidad.

Aceptemos hoy el desafío de concretar esta nación federal en serio.

* Doctora en Derecho y Ciencias Sociales