La Justicia, el otro lugar donde se decide
La planta de Bajo Grande tiene también un aniversario judicial en ciernes. El 14 de octubre próximo se cumplirán 15 años de la primera sentencia de la Justicia provincial, que ordenó frenar la contaminación. Corría el año 2004.
El fallo, firmado por el juez Fernando Rubiolo, dio lugar a la acción de amparo presentada por el Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (Cedha), por ese entonces presidido por Romina Picolloti, a la postre secretaria de Ambiente de la Nación.
Allí se le ordenó a la Municipalidad de Córdoba “adoptar todas las medidas necesarias relativas al funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande a efectos de minimizar el impacto ambiental producido por la misma, hasta tanto se arribe a una solución definitiva respecto a su funcionamiento; y a la Provincia de Córdoba a asegurar a los amparistas una provisión mínima de 200 litros diarios de agua potable”.
Como consecuencia de esa sentencia, durante la administración de Luis Juez, se gestionaron fondos para la realización de los nuevos desarenadores que se realizaron con fondos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), en 2007.
Durante la gestión de Daniel Giacomino se decretó también una emergencia ambiental producto de la extensión en los plazos de ejecución de aquellos trabajos. Fue el 30 de marzo de 2010 y la situación de excepción se estableció por 60 días. En ese escrito se especificó de manera detallada el tiempo de duración de cada una de las etapas de la obra.
En 2010, Cedha inició otra causa por reparación, que todavía está abierta en la Justicia provincial. Es posible que en unas semanas el fallo esté listo, señalaron fuentes judiciales. El juez Julio Fontaine espera que el municipio y Policía Ambiental le actualicen los informes ambientales para emitir su sentencia.
A su vez, en los tribunales cordobeses también hay una causa contra 55 empleados de la planta, luego de que realizaran una huelga y por la que se habrían vertido líquidos cloacales crudos al río. La Municipalidad es la querellante.
Causa federal
La Justicia federal tiene otra causa en sus manos por la contaminación de Bajo Grande. En ella están imputados ocho funcionarios municipales.
Se abrió en septiembre de 2018, luego de una denuncia del concejal Santiago Gómez a la que se sumaron otro de los dirigentes del Partido
Obrero, Eduardo Salas, y Cintia Frencia.
A esa denuncia se incorporaron luego el Foro Ambiental Córdoba y los vecinos de Chacra de la Merced. Se presume que los efluentes de la Edar llegan a contaminar la laguna Mar Chiquita, considerada una reserva por la Unesco.
Luego de los primeros estudios que realizó el Centro de Química Aplicada (Cequimap) de la Universidad Nacional de Córdoba, la fiscal federal Graciela López de Filoñuk está aguardando los fondos para la realización de los análisis sobre toda la cuenca del río.
De comprobarse la contaminación en la laguna, la causa que lleva adelante el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja quedaría firme en la órbita federal por tratarse de una cuenca interprovincial.