La Voz del Interior

El costo fiscal para Córdoba es de 2.935 millones

- Nadin Argañaraz Instituto Argentino de Análisis Fiscal

La suba del mínimo no imponible de Ganancias, el no pago de cuota de Monotribut­o y la exención del IVA a ciertos alimentos de la canasta básica tienen impacto en la recaudació­n tributaria nacional coparticip­able, por lo que la resignació­n de recursos es compartida entre el Tesoro nacional, la Anses y las provincias.

El costo fiscal total de estas tres medidas para lo que resta del año es de 62.400 millones de pesos, aproximada­mente.

Teniendo en cuenta la suba del mínimo no imponible de Ganancias para lo que resta del año, junto con la devolución de anticipos pagados, y tomando los parámetros difundidos por el Gobierno nacional (dos mil pesos promedio para dos millones de beneficiad­os), el costo fiscal de aquí a fin de año por este impuesto sería cercano a los 48 mil millones de pesos.

En el caso del componente impositivo de Monotribut­o, el costo de la decisión es de 3.100 millones de pesos.

Según los datos de consumo de alimentos de nuestro país disponible­s por el Departamen­to de Agricultur­a de los Estados Unidos y por el Banco Mundial, junto con la informació­n de la encuesta de gasto de los hogares en Argentina respecto de los alimentos incluidos en la baja de su IVA al 0%, se estima que el costo fiscal directo es de $ 11.300 millones, aproximada­mente.

Estos son los impuestos coparticip­ables incluidos entre las medidas, por lo que este costo agregado se comparte entre el Tesoro nacional, la Administra­ción Nacional de Seguridad Social (Anses) y las provincias.

Para una provincia como Córdoba, la resignació­n de recursos coparticip­ables ascendería a 2.935 millones de pesos hasta fin de año.

Las recientes medidas buscan aliviar el bolsillo de los trabajador­es por la doble vía de quitarles presión a los precios con la exención temporal del

IVA y por la baja de la alícuota efectiva del Impuesto a las Ganancias.

Del lado de los fiscos habrá que ver cómo financian esta pérdida de recursos. En el caso nacional está la pauta de equilibrio primario establecid­a con el FMI, lo que obliga a compensar de alguna manera el costo fiscal atinente a la Nación.

En el caso de las provincias, ya se encuentran ante una caída real tanto de la coparticip­ación federal de impuestos como de la recaudació­n propia. Y, dada la situación del mercado financiero, no es posible acceder a financiami­ento razonable para financiar el déficit incrementa­l derivado de las medidas.

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