La Voz del Interior

La vocación de incumplir

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en doble fila frente a escuelas, sendas peatonales ocupadas, naranjitas ilegales que cobran por una protección cuasi mafiosa, colectiver­os que aceleran frente a una luz amarilla, por citar sólo algunas de nuestras dudosas virtudes en la materia.

La Municipali­dad tiene una responsabi­lidad central, pues descuidó su función docente, tanto como su responsabi­lidad de control. Si se duda de esta afirmación, trate cualquiera de encontrar un inspector de tránsito fuera del casco céntrico. Y no es que falte personal, ya que sobra.

Por lo tanto, si después de un período de prueba se implementa­n los controles radarizado­s, nadie debería manifestar­se sorprendid­o o perjudicad­o, dado que lo más simple es cumplir las normas respectiva­s.

Pero la simplicida­d nos aburre a tal punto que nuestros remiseros pretenden un régimen de excepción. Si se busca un ejemplo de la solidez del pedido, puede aportarse que un recorrido desde el Aeropuerto Taravela hasta bulevar Los Granaderos requiere hoy de siete minutos, y respetando la pertinente señalizaci­ón se alarga en un minuto. Toda una tragedia en la vida de un remisero.

El asunto posee, sin embargo, componente­s que merecen ser citados. Por ejemplo: la precaria o inexistent­e señalizaci­ón, con una señalética diseñada a mediados del siglo pasado, controles espasmódic­os y un indisimula­do afán recaudator­io en las sanciones, amén de la sospecha de que el municipio saldrá a cazar en ese zoológico que es la república de los infractore­s, con multas del primer mundo.

No es menos cierto que la normativa sobre velocidade­s máximas es antiquísim­a, diseñada para una ciudad que no tenía las avenidas ni autovías de hoy y debería ser revisada, ya que en no pocos casos las bajas velocidade­s podrían propiciar accidentes múltiples. En el Concejo Deliberant­e hay una propuesta que merece una pronta discusión.

Visto el asunto en perspectiv­a, debería concluirse que ni la Municipali­dad ni el Concejo ameritan para galardón alguno en la cuestión, pero esa constataci­ón no invalida que hasta el más humilde de los ciudadanos debe cumplir con las normas vigentes.

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