Constructoras le piden a la Provincia la emergencia para la obra pública
La solicitó la Cámara de la Construcción: la devaluación y el actual esquema de financiamiento le impedirían continuar las obras. La Provincia dice que fueron aceptadas las condiciones de pago y rechaza la solicitud: “No se enteraron de que estamos en cr
Referencia: situación crítica de los contratos de obra pública.
Objetivo: solicitar medidas urgentes.
Así comienza la carta que la Cámara de la Construcción de Córdoba le envió al ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa, para pedirle que intercediera ante el gobernador Juan Schiaretti a fin de que este declare la emergencia en el sector, con la intención de renegociar contratos de la obra pública.
La nota tiene fecha del pasado 22 de julio, tres semanas antes de las Paso y de la corrida cambiaria del lunes 12 de agosto, que agravó las condiciones económicas e inflacionarias.
En el texto, el presidente de la Cámara y titular de la firma Estructuras, Marcos Barembaum, le requiere al Poder Ejecutivo que decrete la emergencia “a los fines de dotar a los funcionarios de las herramientas jurídicas indispensables para renegociar contratos y reconocer incrementos de los gastos financieros”.
Ante una consulta de este medio, Sosa desestimó los planteos y negó que se evalúe declarar la emergencia.
La situación de crisis que expresan los empresarios se remontaría al menos al 11 de mayo de 2018, cuando presentaron la primera nota ante el ministerio. El período coincide con los primeros picos del dólar y con la aceleración de la obra pública en la Provincia. En otras seis oportunidades (27 de junio, 19 de julio, 29 de agosto, 16 de octubre y 20 de noviembre de 2018, y el 24 de abril de este año) le manifestaron su situación a la Provincia.
La octava carta tensó la cuerda. En esta puntualizan tres motivos por los cuales, sostienen desde la Cámara de la Construcción, se justificaría la emergencia:
1) La crisis cambiara desatada en mayo de 2018 derivó en tasas de financiación “confiscatorias”.
2) La alteración de la cadena de pagos con proveedores, que rechazan el pago con cheques y certificados de obra o que acortaron los plazos de financiación.
3) El sistema de pago de la deuda por la obra pública provincial: un crédito del Banco de Córdoba a favor de las empresas pero que abona el Gobierno provincial. Así, en el registro del Banco Central de la República Argentina, aparecen como deudoras por el monto que recibieron por la realización de la obra. Una paradoja.
Respecto de este último, los empresarios advierten que “no reciben efectivamente el 100 por ciento del monto de los certificados”, sino que se les descuentan varios conceptos, “entre ellos el 0,5 por ciento de comisión (bancaria) y un cinco por ciento de aforo, por retenciones que se van devolviendo luego del período de gracia (de 10 meses) y en cuotas de 36 meses”.
La Cámara pide la devolución de ese cinco por ciento para “morigerar la difícil situación”. Para la Provincia, ese porcentaje impositivo “antes era mayor y disminuyó cuando se eliminó Ingresos Brutos a las obras públicas”. “Esta situación se viene dando desde hace un tiempo; no es producto de lo ocurrido el lunes pasado (por la corrida post-Paso). Desde la devaluación del año pasado, cuando comenzamos a sentir el impacto en los insumos, venimos señalando este proceso de crisis y un deterioro progresivo en el sector. Esto se lo hemos planteado a los ministros y también al gobernador Schiaretti”, dijo a La Voz Barembaum, al confirmar que la solicitud de declaración de emergencia para el sector sigue en pie.
“No vamos a declarar la emergencia. Ellos no están ajenos a la situación que atraviesa el país. Aceptaron las condiciones de pago propuestas y vienen haciendo obras con nosotros desde hace cuatro años; ¿de qué se quejan?”, dijo a La Voz el ministro Sosa. Esa es, por ahora, la respuesta al pedido de los dueños de las constructoras.
El esquema
L?a Provincia lanzó a fines de junio de 2018 un plan para financiar la obra pública, la que por entonces era vertiginosa: una línea de crédito para las empresas contratistas por un monto global de cinco mil millones de pesos.
Así, las empresas a las que el Estado provincial les debía abonar trabajos de infraestructura acudían al Banco de Córdoba y obtenían un préstamo para pagar(se) esa deuda en efectivo. Los costos de capital y financieros fueron absorbidos por la Provincia, aunque quedaron registrados en los balances de las constructoras.
Luego, a medida que avanzaban las obras, esa línea de préstamos se amplió a 7.500 millones de pesos, monto que se agotó y no será ampliado. Así se consolidaron los pagos del grueso de la obra pública no financiada por la Nación y licitada antes de mayo de 2018.
La Provincia informó que 44 empresarios usaron esa línea de crédito. En julio de este año, con el nuevo tope de 7.500 millones, dueños y apoderados fueron citados a firmar una nueva refinanciación de la deuda de sus empresas con Bancor y una extensión en los plazos de pago que desembolsará la Provincia. Según se desprende del decreto 753 de este año, los préstamos que tenían las empresas fueron reconvertidos de pesos a unidades de valor adquisitivo (UVA), prorrogando los pagos por otros 36 meses (más 10 de gracia). Las UVA se actualizan cada día.
Ese pasivo, tal como señalan acuerdos firmados entre el Banco y la Provincia, corre por cuenta de la segunda, que se encarga de pagar tanto el capital (fijado en UVA) como el interés de 4,5 por ciento. Bancor está autorizado a debitar esos montos de la cuenta corriente del Estado provincial.
Tras la última actualización de los montos, las empresas figurarán como deudoras hasta por lo menos julio de 2022. Esos pasivos, registrados en los balances de las empresas, impactan sobre sus futuras inversiones y sobre la capacidad de competir en nuevas licitaciones, advierte la Cámara de la Construcción.
El reclamo
Según la Cámara, aquella contratista que licitó alguna obra de la Provincia a principios de 2018 y ejecutó los trabajos durante la crisis cambiaria “podría terminar perdiendo hasta un 20 por ciento del monto total de esta, porcentaje tan elevado que genera riesgos para el Estado y la sociedad”, dice, en directa alusión a la quiebra de empresas del sector.
En uno de los últimos párrafos, la Cámara le solicita a Sosa que tome las medidas que “permitan el restablecimiento de la ecuación económico-financiera de los contratos”. Y advierte: “En la actual coyuntura, y con las condiciones impuestas (por la Provincia), la factibilidad de continuar con la ejecución de las obras resulta virtualmente imposible”.
En ese marco, le advierten a Sosa que, “de no tomarse medidas urgentes, (habrá) quebrantos de empresas y paralización del plan de obras del Gobierno provincial”.
La Cámara hizo saber también su malestar por la nueva refinanciación que debió firmar: “Estas alteraciones han tenido la virtualidad material y jurídica de producir un sustancial quiebre en el régimen de contraprestaciones mutuas”, dicen los empresarios a las autoridades provinciales.
En la carta se detalla que, al momento de la firma de la última renegociación, las empresas no estaban al tanto del decreto por el cual se regía el nuevo esquema de pagos.
El decreto 753, del 28 de junio de este año, fue publicado recién el 26 de julio. En ese período, en que no se conoció la reglamentación, se firmaron los convenios.
Para Sosa, la queja es inconducente: entiende que las empresas dieron la conformidad para tener una línea de financiamiento que les facilitó la cobranza.
La Cámara anticipa una fuerte desaceleración: denuncia que desde el inicio de este año se suman a las dificultades descriptas “cupos de certificación y/o neutralizaciones de las obras”, lo que generó “incertidumbre” respecto de la continuidad de cupos de pago.
“Pagamos como no paga nadie. (El cupo) es porque a algunas obras les bajamos la velocidad”, responde Sosa, para quien “los empresarios se quejan de llenos”.