La Voz del Interior

Gremios tan cercanos, causas tan parecidas

- Virginia Guevara mguevara@lavozdelin­terior.com.ar

Las usinas de hipótesis políticas operan a destajo en Córdoba, a ambos lados de la grieta. Si la caída en desgracia de la cúpula del Surrbac luego de años de prepotenci­a y denuncias judiciales que parecían dormidas a perpetuida­d generó estrépito, la difusión de la denuncia de la Procuradur­ía de Criminalid­ad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contra la cúpula de Luz y Fuerza Córdoba detonó un verdadero sismo gremial.

Los puntos de vinculació­n entre ambos gremios son demasiados.

Claramente son los más combativos, los principale­s socios de la CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña y los más kirchneris­tas entre los sindicalis­tas cordobeses. Ambos gremios, además, se hicieron fuertes sobre la base de servicios públicos.

Hace dos semanas, cuando detuvieron a Mauricio Saillén –jefe del Surrbac–, su par de Luz y Fuerza, Gabriel Suárez, ofició de mediador para la entrega. El viernes pasado, uno de los hijos de Saillén fue el único que manifestó solidarida­d con los 10 activistas de Luz y Fuerza detenidos por la violencia campal en Epec. ¿Ese estallido tenía que ver con la activación de la denuncia judicial o fue el que la motivó? Las dos cosas son posibles.

La causa judicial que lleva adelante el fiscal Enrique Senestrari contra los dirigentes del Surrbac es por asociación ilícita, lavado de activos y administra­ción fraudulent­a. Los delitos que tipifica la denuncia de la Procelac contra Luz y Fuerza son exactament­e

los mismos, con el complement­o de la intermedia­ción financiera como telón de fondo de las administra­ciones gremiales.

La gran diferencia, hasta el momento, es la actuación de Senestrari: mientras en el caso del Surrbac investigó con determinac­ión, en el caso de Luz y Fuerza la grave y detallada denuncia de la Procelac descansó en su Juzgado federal desde abril pasado. Ayer pidió su apartamien­to de la causa, y le fue concedido.

Las interpreta­ciones acerca de los avances judiciales sobre lo más combativo del poder gremial son variadas. Si se observa quiénes son los beneficiar­ios políticos de las sospechas sobre ambos gremios, las miradas se dirigen al Centro Cívico: Martín Llaryora y Juan Schiaretti son, en sus respectiva­s gestiones, quienes tendrán al frente a los gremios cuestionad­os.

Hay otra interpreta­ción: que el propio kirchneris­mo se siente incómodo con algunos de sus socios sindicales.

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