En Caba es “ilegal” y acumula fallos en contra, pero nunca dejó de funcionar
Para el municipio, la aplicación no respeta las exigencias.
Desde la Municipalidad de Córdoba insisten con que Uber no está prohibido sino que no cumple con las exigencias del marco regulatorio para el transporte público. Los vehículos que se utilizan no tienen un seguro especial para transportar pasajeros, sus choferes no cuentan con carnés profesionales y tampoco hay un registro de los conductores.
La situación judicial de Uber en la Ciudad de Buenos Aires es complicada y aún no se resolvió la disputa de fondo con el Gobierno porteño, que sigue secuestrando cuanto vehículo identifica que trabaja con la aplicación.
Con la colaboración de la red de Taxistas Unidos (que señalan a los autos de Uber) y de la Fiscalía General de la Ciudad, la Secretaría de Transporte porteña retiene cualquier auto que opera con la app por considerarlo un “transporte ilegal”. Y le aplica multas de
10 mil unidades fijas, un monto que se coloca en función del precio del combustible y que hoy está en
214 mil pesos.
La administración porteña no considera a Uber como una mera plataforma digital, sino como un servicio de transporte. Por ello le exige que se adapte al Código de Tránsito y Transporte y a la ordenanza 47.561 del año 1994, que regula a los remises que operan en la ciudad y el alquiler de taxis.
Un fallo que celebró Uber
La última novedad judicial sobre Uber se conoció el 14 mayo de 2019. La Cámara de Apelaciones porteña revocó condenas contra la empresa por presunto “uso lucrativo del espacio público sin autorización”, al asegurar que la firma no viola el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.
La firma difundió un comunicado en el que aseguró que con su fallo la Cámara dijo que la actividad económica que realiza es “legal”, pero la sentencia no dice eso. En el Gobierno porteño opinaron que esa interpretación del fallo es “al menos incorrecta cuando no mal intencionada”, porque la decisión no se ocupa de la cuestión de fondo.
El fallo de la Cámara de Apelaciones porteña sólo sostiene que la compañía Uber no infringe el artículo que pena el uso indebido del espacio público. Pero la cuestión judicial de fondo que aún está sin solución en los tribunales es porque la empresa se niega a encuadrarse en regulaciones para “taxis” o “remises”.
Por ello, para el Gobierno porteño, mientras Uber no se inscriba como una empresa de remises o taxis su actividad “seguirá siendo ilegal”. Esto siempre y cuando la Legislatura porteña no emita antes una ley especial para regular este y otros servicios que generan polémica, como Rappi, Glovo y Pedidos Ya.
En una sentencia del 7 de mayo de 2019, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había declarado que la actividad de Uber no constituye una contravención. Esto fue apelado por el Gobierno porteño y la Cámara resolvió en la misma línea que el tribunal inferior.
A la Justicia, desde el inicio
La maraña judicial en la que se encuentra Uber comenzó el 13 de abril de 2016, un día después de que iniciara sus operaciones en Buenos Aires.
En ese momento, tras una presentación del Sindicato de Peones de Taxi de la Capital, la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la ciudad dictó una medida cautelar para que el Gobierno porteño impidiera su actividad.
El 30 de abril de 2016, la titular del Juzgado N° 16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Claudia Alvaro, les ordenó a las prestadoras del servicio de tarjetas de crédito “que se abstengan de habilitar puntos de venta o cobrar viajes” a cualquier empresa vinculada a Uber, un servicio que conecta a personas que necesitan viajar con conductores particulares dispuestos a llevarlas a través de una aplicación. Por eso, hoy Uber sólo funciona con efectivo en la Ciudad.
Uber rechazó el fallo y dijo que la jueza excede su jurisdicción. “Dicha medida no podría implementarse sin bloquear las transacciones de cualquier usuario de Uber que utilice su tarjeta de crédito argentina en cualquier otra ciudad del resto del mundo, lo que claramente excede el territorio de la Ciudad”, aseguró Soledad Lago Rodríguez, gerenta de comunicaciones para el Cono Sur de Uber, en respuesta al fallo judicial que obligó a que los viajes se tengan que pagar en efectivo.
A comienzos de mayo de 2019, una decisión del Juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo amplió esa cautelar y les pidió a distintos estamentos del Gobierno porteño que entregaran informes sobre la ejecución de esa medida y sobre el funcionamiento de todas las empresas vinculadas a Uber, a las que alude como firmas “en materia de transporte de pasajeros”.
Como respuesta, desde Uber sostuvieron que su empresa no es de transporte público de pasajeros sino una simple intermediación entre alguien que ofrece un servicio y alguien que lo demanda. Y ese es el principal argumento de la defensa ante los tribunales. La aplicación nunca dejó de funcionar.