Denunciannombramientos “a dedo” en la Justicia
En numerosas ocasiones, las autoridades y los funcionarios encumbrados del Poder Judicial de la Provincia destacan que la Justicia cordobesa sobresale sobre otras jurisdicciones desde hace 20 años por dos motivos: el Consejo de la Magistratura y el acceso a los cargos por estricto orden de mérito.
Sin embargo, no todos los cargos que se ocupan son cubiertos luego de una compulsa de antecedentes y oposición, como se sostiene a viva voz. La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) viene denunciando desde hace meses designaciones “a dedo” en el Ministerio Público Fiscal (MPF), y en la última semana volvió a la carga con casos concretos –algunos reiterados–, a partir de la creación de nuevas fiscalías y de oficinas de conciliación laboral.
Si bien son varios los casos citados, el que aparece como paradigmático es el del abogado Tomás Díaz Reyna, que desde hace años ocupa cargos de prosecretario y de secretario, sin concurso. También desde el gremio cargan contra la reciente designación de Andrés Allende como prosecretario de Mediación Laboral en Jesús María.
Esos dos ejemplos son parte, para las autoridades de AGEPJ, de otros casos en los que se vulneró el orden de mérito vigente de concursos convocados en su momento.
Voceros del MPF y del Tribunal Superior de Justicia respondieron que esas oficinas nuevas fueron creadas pero no cuentan con la asignación de cargos ni de su presupuesto. Por eso, utilizan a agentes que ya están designados en la Fiscalía General, que ya tienen su cargo.
Desde el gremio, sostienen algo que reconocen desde la cúpula de ambos organismos judiciales: los cargos del TSJ y del MPF no se concursan. “Ese es el problema de fondo”, señaló un encumbrado hombre de la Justicia.
Reprobado y nombrado
El primer caso paradigmático que señala AGEPJ es el de Díaz Reyna, quien hace pocos días comenzó a desempeñarse en la flamante Fiscalía de Subrogancia.
Este agente es empleado judicial desde hace años y en 2013 fue ubicado como prosecretario en la Fiscalía N° 2 del Fuero Anticorrupción y Penal Económico, por entonces a cargo de Gustavo Hidalgo. Díaz Reyna ocupó ese cargo, sujeto a concurso, hasta 2017, cuando rindió para prosecretario de fiscalías de instrucción.
En ese concurso, Díaz Reyna fue reprobado. El gremio sostiene que de inmediato fue designado en la Fiscalía General, lo que le permitió conservar el rango.
El cargo en cuestión le habría servido de “trampolín” para la designación en la Fiscalía de Subrogancia, pero ahora como secretario. La queja de AGEPJ es que Díaz Reyna fue reprobado como prosecretario y ejerció como tal, y ahora se lo designa en el cargo superior, de secretario.
“Se da la paradoja de que no aprobó el concurso, ni siquiera está en el orden de mérito, y está de jefe de la oficina y da órdenes a quienes se ubicaron arriba de él en el concurso”, sostiene Federico Corteletti, secretario general de AGEPJ.
Marcha atrás repentina
El otro caso que desde el gremio se marca como violatorio del orden de mérito es el de prosecretario de la oficina de Conciliación Laboral, que –se asegura– se adjudicó “a dedo” a Andrés Allende.
La cúpula gremial sostiene que para ese cargo fue notificado vía e-mail otro agente que seguía en el orden de mérito y respondió que sí le interesaba desempeñarse en esa jurisdicción. Señala que el “designado” fue a Tribunales, pero que allí le comunicaron que se había dado “marcha atrás” con el nombramiento. Días después, esa posición fue ocupada por Allende, que registraba un lugar muy alejado del tope del orden de mérito del concurso.
En números gruesos, un empleado percibe como máximo unos 50 mil pesos mensuales de promedio, mientras que un prosecretario comienza a ganar unos 130 mil, y un secretario, unos 160 mil pesos.
Desorden de mérito
“Muchas de las personas designadas a Fiscalía General han sido luego reubicadas a fiscalías de número, reiteramos, sin contar con el respectivo concurso aprobado o no respetándose el seguimiento del propio orden de mérito”, sostiene el comunicado que AGEPJ envió al TSJ.
La nota se completa señalando que esto “agravia” a quienes “han rendido, aprobado, y esperan sus designaciones conforme el orden de mérito diagramado”. La urgencia del reclamo es porque se aprecia que esa escala está próxima a su vencimiento, lo que implica el llamado a una nueva compulsa.
Frente a la explicación de que no están creados los cargos y que no hubo concurso específico convocado para esas fiscalías nuevas, los gremialistas se quejan porque podrían ser cubiertos por quienes siguen en el ordenamiento del concurso y no por aquellos que tienen cargo en la Fiscalía pero están reprobados o muy abajo en el concurso. Sostienen que muchos de los que fueron postergados también son empleados judiciales.
Entre otros llamados a cubrir los cargos, citan el “orden de mérito 213” para fiscalías de instrucción, que podría haberse aplicado para subrogante porque “son las mismas tareas”. En ese ordenamiento de 235 aprobados para Capital, hasta ahora se llamó hasta el número 82.
Sin embargo, fueron convocadas otras personas que por elección del MPF saltean a quienes aprobaron y esperan: el “secretario” Díaz Reyna fue reprobado en el 216 de Penal Económico (como prosecretario); otra prosecretaria estaba en la lista del 220 pero no seguía ella, y otra que recibió el mismo cargo integraba el ordenamiento de Penal Juvenil y tampoco le correspondía a ella la prioridad, se sostiene.
Los trabajadores y sus representantes piden que quienes fueron designados en la Fiscalía General se desempeñen allí y no desplacen a quienes mostraron su idoneidad para esos cargos.
Empleados o abogados que aguardan su designación protestan porque, además de que los concursos no son frecuentes, las vacancias son cubiertas por personal seleccionado de modo discrecional.
El comunicado gremial dirigido a la titular del TSJ, María Marta Cáceres de Bollati, sostiene que estos movimientos no son propios de “un Poder Judicial que se jacta de contar con mecanismos de concursos públicos y generales desde el inicio de la carrera judicial”.
AGEPJ sostiene además que los empleados que quieren ingresar a una fiscalía deberían hacerlo –según la normativa– luego de cuatro años de desempeño en una unidad judicial, pero en este nivel también termina pesando la elección del fiscal luego de una entrevista.
Excepcional y transitorio Desde el TSJ enviaron como respuesta al reclamo gremial otra nota en la que se incluye la explicación que el MPF envió al alto cuerpo.
Allí, con la firma de los fiscales adjuntos (a cargo) José Antonio Gómez Demmel y Héctor David, se expresa que “la medida adoptada resultó necesaria a los fines de poner en marcha las nuevas fiscalías y tiene carácter excepcional y transitorio, hasta tanto sean asignados los recursos propios para la conformación de la estructura jerárquica de las respectivas oficinas y la designación de los funcionarios por concurso, según corresponda con la especialidad de cada fiscalía”.
La prosecretaria de Cultura y Capacitación del gremio, Agostina Noccioli, asegura que desde la Justicia “nunca explicaron por qué designaron a esos y no a otros, y mucho menos por qué no usaron los órdenes de mérito vigentes”.
Por otra parte, quienes concursaron se quejan porque la práctica dista de ser “excepcional” y se tornó habitual. Además, dicen que el carácter “transitorio” puede prolongarse y se caería el orden de mérito, ya que hay llamados a concurso para el año próximo.