Construcción y bendición de la impunidad Edgardo Moreno
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel resolvió asumir el rol de censor de la libre expresión. Y lo hizo por un objetivo menos visible y más relevante que la mera revancha por las investigaciones periodísticas que aludieron a sus referentes políticos. Lo que busca es voltear la causa de los cuadernos.
Invalidar la tarea de los periodistas apuntados en el informe de la comisión paraestatal que conduce Pérez Esquivel es sólo el medio. Inducir de esa manera la autocensura de los periodistas que no están todavía señalados es un efecto colateral.
Pero el fin último es que la causa judicial que desnudó el funcionamiento del saqueo del Estado para el enriquecimiento de funcionarios venales y empresarios corruptos quede en la nada.
El juez Alejo Ramos Padilla necesita que la flamante Conadep del periodismo certifique una aberración: que los periodistas son culpables de la conducta de sus fuentes.
De ese modo, pretende sentar las bases para que cada declaración de los arrepentidos en la causa de los cuadernos sea considerada como el resultado de una extorsión combinada entre la prensa y la Justicia.
Cuando eso ocurra, la causa de los cuadernos se licuará por las alcantarillas de los procedimientos inválidos.
El nombre de fantasía pergeñado para esa ingeniería de la impunidad fue presentado hace tiempo por uno de sus ideólogos, el exjuez Eugenio Zaffaroni: es el lawfare.
Es la teoría conspirativa que los líderes del nacional populismo latinoamericano adoptaron para negar con pasión terraplanista el desfalco que protagonizaron en la década pasada.
La teoría del lawfare es un negacionismo de ocasión: nadie se robó nada. Todo es un invento persecutorio en el que actúan coaligados magistrados y periodistas. Son los que deben ir presos en lugar de las figuras vestales de los gobiernos populares.
El más decepcionante de los endosos a esa convalidación pública de actos de corrupción fue el suscripto por el Vaticano, en un desdoblamiento de su opinión doctrinal que fustiga en general y ampara en particular actos de corrupción inadmisibles.
Esa doble moral se ha instalado en la etapa más compleja del pontificado que hace más de seis años recayó inesperadamente en la figura de un cardenal argentino.
Las frondosas expectativas que despertó su designación se fueron desdibujando hasta recaer en concesiones tan frustrantes cuanto innecesarias a inconductas graves en el ejercicio de funciones públicas.
El papado de Francisco transita por dificultades inocultables. En horas recientes, debió despedir a su jefe de seguridad en medio de un escándalo financiero.
Ese disgusto público no es el primero ni el peor. Los esfuerzos empeñados en desterrar la pederastia siguen siendo insuficientes. Los casos judiciales llegaron hasta el círculo de los prelados favoritos del Papa.
Como si estas complicaciones fuesen insuficientes, las vacilaciones doctrinarias de Francisco le están carcomiendo los apoyos en sectores críticos del consenso que lo llevó al pontificado.
En Estados Unidos, le pegan los conservadores, que amenazan con un cisma. Pero en Alemania los obispos lo apuran por reformas en sentido contrario. Amagan debatir el celibato, la ordenación de mujeres y la homosexualidad sin el permiso de la Santa Sede.
El Papa se ha refugiado en el sínodo de la Amazonia, donde las demandas ecológicas se presentan sólo como contestación al capitalismo. El Vaticano ya probó una receta parecida con su diplomacia del fracaso en Cuba y en Venezuela.
Frente a ese panorama, el Papa ansía el triunfo del peronismo en Argentina casi como una búsqueda desesperada. La de un éxito modesto en el territorio donde nació.
Algo que le permita regresar al país, tras su opción por ser parte de la grieta. Un conflicto cuya función pastoral debía, si no ayudar a solucionar, al menos evitar que se profundizara.