La crisis del Estado nación
El Estado nación, esa forma de organización política que nació en el círculo cultural de Occidente a partir del Renacimiento con las monarquías absolutas de ese momento (Inglaterra, Francia, España, etcétera), experimentó luego un cambio sustancial. Fue a raíz de aquella “revolución irresistible” que Alexis de Toqueville advirtió en la democratización que produjo la revolución norteamericana de 1776.
Ello originó lo que hasta ahora se conoce como el constitucionalismo o Estado de derecho, a partir de la sanción de la primera Constitución escrita, de tipo racional normativa. Esta incluyó una parte dogmática, de declaración de los derechos y garantías de los ciudadanos, y una parte orgánica, que regula el funcionamiento de los tres poderes del Estado, los pesos y contrapesos que garantizan los derechos fundamentales; en especial, los derechos a la vida, a la propiedad y fundamentalmente a la libertad.
Todo esto, a lo que el socialismo caracteriza en forma despectiva como el “Estado liberal burgués”, está sin duda en crisis.
De las tres ideologías que dominaron el siglo 20, el fracaso del fascismo y el del socialismo y el comunismo, ya me he ocupado en su momento. El primero terminó hace 80 años. El segundo cayó por su propio peso junto con el muro de Berlín, por ser algo contra natura y después de someter esclavizada a Europa del este durante gran parte de esa centuria.
Resta ahora analizar lo que está ocurriendo con el Estado liberal y el liberalismo, este tipo de organización política o democracia representativa que se funda en que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes.
“Las libertades que el liberalismo nació para proteger –los derechos individuales de conciencia, religión, asociación, expresión y autogobierno (1)– “se ven ampliamente comprometidas por la expansión gubernamental en todos los aspectos de la vida. Y esta expansión continúa, en buena medida como respuesta a la sensación que tiene la gente de haber perdido poder sobre las trayectorias de sus vidas en muchas esferas diferentes – económicas o de otro tipo–, una sensación que da pie a peticiones de mayor intervención por parte de la única entidad que al menos sigue bajo su control.
Nuestro Gobierno obedece diligentemente a estos ruegos, actuando como una llave de carraca. Así las cosas, los ciudadanos se sienten conectados por un finísimo hilo a sus representantes políticos, cuya labor supuestamente era refinar y extender el sentimiento público.
Dichos representantes expresan, a su vez, su relativa incapacidad frente a la burocracia permanente que conforman unos funcionarios movidos por el afán de agrandar sus presupuestos y su actividad.
La creencia de que el liberalismo podía fraguar un modus vivendi estimulando el privatismo ha culminado en la casi completa disociación entre la clase dirigente y una ciudadanía sin cives. Esta particularidad ha engendrado una corporación política que hoy está absolutamente divorciada de sus representados. Se ha convertido en una oligarquía que no representa al pueblo.
A esto se suma la crisis de los partidos políticos, que crecieron y se desarrollaron de la mano del sufragio universal y hoy han dejado de ser, en la vida política, la fuerza colectiva organizada más importante. Fueron sustituidos por otra gran fuerza colectiva difusa, la opinión pública, a la que Pierre-Paul Le Mercier de La Rivière denominó la “reina nómade”, por su extrema volatilidad.
Por todo esto, da la impresión de que la “democracia representativa”, a causa del divorcio de la clase política con los deseos de sus representados, produce los descontentos que se observan en la región (Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia,) y en otras partes del mundo (Francia, Hong Kong, etcétera), donde no obstante las mejoras económicas existe un pedido de mayor equidad y participación, que los economistas llaman la expectativa de seguir ascendiendo por parte de aquellos que de la pobreza accedieron a la clase media baja, algo que la corporación política no alcanza a satisfacer.
Una reciente encuesta en Estados Unidos muestra la falta de confianza de la sociedad en las clases política, empresarial y sindical, y en la Justicia.
Creo, además, que en esta demanda social hay un equivocado reclamo por una sociedad más igualitaria, algo que resulta una tremenda utopía imposible de concretar, desde que, como lo señalaba Andrés de Mestre, “queréis igualar, le habéis declarado la guerra a la naturaleza que permanentemente distingue”.
Para comprender esto, basta saber que cada persona es única e irrepetible, que no hay una igual a otra. Por lo demás, no puedo imaginar algo más aburrido que una sociedad de iguales, sin nadie que se diferencie y sea creativo y elabore el progreso.
Lo que se necesita es una sociedad jerárquica, en donde la excelencia sea un objetivo por lograr mediante la meritocracia, en beneficio del progreso de la sociedad.
No imagino de qué forma se sustituirá la “democracia representativa” sin partidos políticos como fuerza colectiva organizada que contenga a la opinión pública, pero lo cierto es que el Estado moderno occidental, tal como lo conocemos, necesita reformularse para dar respuesta a múltiples reclamos que la sociedad plantea y exige.
(1) Patrick J. Deneen, “Por qué ha fracasado el liberalismo”, Ediciones Rialp, Madrid, página
24.
* Abogado, especialista en Derecho Político