La herida abierta, a un año del narcoescándalo de Río Cuarto
En enero de 2019, Claudio Torres fue asesinado a balazos en Río Cuarto. Actuaron dos sicarios y el caso está impune.
Para la Justicia federal, la víctima lideró durante años una banda con protección policial.
Hace 12 meses, en Río Cuarto el narcotráfico dejó de ser un mero rumor para convertirse en la noticia del día. El asesinato “tipo mafioso” de Claudio Lorenzo Torres (43) dejó entrever una compleja trama de tráfico, lavado y complicidades.
Mientras el homicidio sigue impune en el fuero provincial, en la Justicia federal comenzaron a caer como piezas de dominó muchos de los que supuestamente hacían negocios con él, así como dos policías que lo habrían encubierto o facilitado el presunto accionar delictivo.
Para la Justicia federal, Torres junto a Gabriel Bossi (con antecedentes por robo), Cristian Fabián Ortiz y los hermanos Mariano y Andrés Rivarola (dueño de una pollería) habrían diseñado la organización y financiación de actividades de narcotráfico y el lavado de activos de origen delictivo, durante más de cuatro años en Río Cuarto. Para el juez Carlos Ochoa, eran los cinco jefes.
De acuerdo a la investigación, la banda obtenía dividendos de la comercialización de estupefacientes para luego pretender ingresar ese dinero al circuito legal por medio de la compraventa de vehículos de alta gama.
Suscribían boletos de compraventa y los registraban a nombre de otras personas (pero conservaban autorizaciones para conducirlos); compraban inmuebles (algunos por medio de fideicomisos); construían en lotes de presuntos testaferros, compraban electrodomésticos y objetos suntuosos.
Según Ochoa, Torres “se comportaba como un auténtico empresario, organizando tareas y administrando los recursos materiales y humanos con los que contaba, con la finalidad de obtener rédito de la actividad del narcotráfico”.
“Solía viajar personalmente a proveerse de droga, aunque claro que la misma no era necesariamente transportada materialmente por el investigado, sino que se valía de otros mecanismos de remisión, por ejemplo, la utilización de camiones”, sostiene el juez en su primera resolución.
El domingo último, La Voz publicó una entrevista con dos de los hijos de Torres, quienes reclamaron que se esclarezca el homicidio.
Claudia lamentó que hacía cuatro años que no se hablaba con su padre por problemas personales, pero arriesgó que el asesinato “fue una traición”. Lanzó sus sospechas contra la Policía y el poder político. “Se sabía que iba a caer preso y había gente que podría verse perjudicada”, apuntaron otros allegados.
En el frente de la vivienda de Torres, ubicada en Laprida 1264, barrio Fénix, aún se pueden ver dónde pegaron algunos de los tiros que determinaron el fin de su vida. El llamado “Zar de la Droga” fue baleado por dos sicarios apenas se bajó de un Audi TT, el 16 de enero, a las 20. Murió en la madrugada del 17. La Justicia provincial aún no esclareció el homicidio.
Conexiones en el país
Según la investigación del juez
Ochoa, la banda se movió en los últimos cinco años por distintos puntos del país. Sus presuntos miembros fueron seguidos y observados en Jujuy, Rosario, ciudad y provincia de Buenos Aires, Puerto Madryn y San Luis.
Además, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) los filmó, en varias oportunidades, cargando en diferentes autos bolsas de consorcio frente a diversas propiedades que controlaban. Y hay constancias de viajes al exterior de algunos de los supuestos cabecillas por uno o dos días.
La causa federal tiene más de medio centenar de vehículos de alta gama secuestrados, 27 imputados y 10 procesados con prisión preventiva. Hay horas de escuchas que los comprometen. El principal indicio en su contra es que, por sus actividades, no podrían justificar sus bienes.
Para Ochoa existe una conexión con la causa “Yerba Mala”, en la que 3.500 kilos de marihuana fueron interceptados en Bell Ville en septiembre de 2017. Se espera que un nuevo peritaje acústico aclare si Mariano Rivarola y Cristian Ortiz aparecen en las escuchas y si parte de ese gran cargamento de droga era para la organización de Río Cuarto.
La última ficha clave del dominó que cayó es Cristian Fabián Ortiz. Estuvo 10 meses entre los prófugos más buscados del país. Tenía pedido de captura internacional y lo detuvieron en noviembre porque habría querido “coimear” a la Policía por “problemas” con los papeles de su vehículo.
El abogado de Ortiz, José Caballero, negó que su cliente haya efectuado tal ofrecimiento y que haya formado parte de una banda con Torres.
“Ortiz era un comerciante informal, hacía los negocios que podía. Compraba vehículos. Le secuestraron un Renault Fluence modelo 2011 que había comprado en cuotas y que un tribunal superior se lo había restituido el año pasado. No tiene nada que ver con los Rivarola ni con Torres, que negociaba con Capital Federal. Ortiz nunca manejó un dinero importante”, defendió.
Criticó que se acuse a la banda por tráfico y que no se haya secuestrado droga en ningún domicilio. Insistió con que Ortiz no tenía ni siquiera el nivel de vida que tenía Torres y dijo que su expareja, Sueli Suárez, acusada de un supuesto millonario lavado, no tiene ni elementos primarios de higiene en la cárcel.
Mónica Sánchez, secretaria penal del juzgado federal, salió ayer al cruce de quienes cuestionan que el juez Ochoa no haya secuestrado droga a la supuesta banda de Torres. Remarcó que, para los investigadores, el cargamento de 3.500 kilos de marihuana secuestrado en Entre Ríos, por orden de un juez de Bell Ville, “tenía a Río Cuarto como destino”.
Y enfatizó que a este tipo de organizaciones delictivas, “es muy difícil encontrarlos con la droga sobre la mesa”. En ese sentido, interpretó que por su envergadura y modus operandi “nunca se los encuentra con la droga encima, nunca va la droga junto al autor del ilícito”.