Reformas impostergables
Es por ello impostergable una reforma integral para limitar al mínimo la colaboración de los agentes de inteligencia estatales con el Poder Judicial.
Tal como lo anunció en su mensaje de asunción, el presidente Alberto Fernández propicia cambios en el Sistema Nacional de Inteligencia, de modo de evitar la injerencia de la AFI en la Justicia bajo el difuso rótulo de “auxiliar” de ese poder.
Algunos trámites han sido de pronta definición. Las directivas de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, establecen que los soportes técnicos y humanos del organismo a su cargo no podrán desviarse del estricto cumplimiento de las funciones que les competen.
Se trata de reformas que deben apuntar a ordenar una institución desprestigiada que (desde la remota Side) transmite una sensación de impunidad exacerbada.
A contramano de las proyecciones que se observan a escala mundial en materia de inteligencia de Estado (por caso, en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico), en Argentina muchos agentes secretos cobraron mala fama por perseguir y hostigar a políticos, a sindicalistas, a periodistas, a dirigentes sociales y a empresarios, entre otras víctimas de esta trama ilegal.
Otro punto para destacar en el marco de las facultades extraordinarias que decidió darle el presidente a la titular de la AFI tiene que ver con los polémicos fondos reservados, un agujero negro por el que se van sumas millonarias.
En tal sentido, se proyecta eliminar los aportes económicos no sólo destinados a la AFI, sino a todo el sistema de inteligencia nacional, incluidas las fuerzas federales que dependen de los ministerios de Seguridad y de Defensa.
Con todo, los vínculos vidriosos entre los espías y la Justicia asoman como el desafío mayor. La idea oficial, que deberá ser refrendada conforme a la ley vigente, tiende a ceñir a lo indispensable el ejercicio de las funciones de investigación criminal de la AFI y, por añadidura, su cooperación como auxiliar de los estamentos judiciales.
Son relaciones peligrosas que deben ser reconfiguradas en vías de restituir credibilidad a la AFI y al Poder Judicial.