Los judiciales reclaman por la concentración de tareas ante el virus
Frente al coronavirus, se quejan porque fueron concentrados en lugares pequeños y se apiñan con decenas de aprehendidos.
El gremio Agepj exige medidas de bioseguridad y convocar a fiscales y secretarios. Fiscalía General se reúne con empleados y hace correcciones.
“Cerraron muchas unidades judiciales y nos juntaron a todos en una sola. Además de que no hay limpieza, hasta ayer no nos daban alcohol en gel, mascarillas, papel higiénico ni guantes”. Este era el reclamo de una persona que trabaja de sumariante atendiendo una de las oficinas de la capital cordobesa, durante la licencia por el receso sanitario dispuesto por el Ministerio Público Fiscal (MPF) ante el avance del coronavirus.
El receso especial ordenado por el Tribunal Superior de Justicia entre el 17 y el 31 de marzo determinó que el MPF disponga un esquema de atención reducida sólo al primer nivel de atención, el de unidades judiciales (en barrios) y, a su vez, concentrado en una o dos por cada uno de los cuatro distritos de la capital cordobesa.
En su resolución 11/20, dispuso guardias mínimas que concentra en el Distrito 1 a seis unidades judiciales; en el Distrito 2A a dos, y en el 2B a cuatro; siete en el Distrito 3; y cuatro en el Distrito 4. A su vez, en La Calera y en Villa Allende, seguirán una sola oficina. También están las del Polo de la Mujer y de la Central de Policía.
Pero al iniciar esta coyuntura surgieron quejas de empleados que, por ahora, son sólo ayudantes fiscales (jefes) y sumariantes. El tema son las condiciones de bioseguridad frente a la pandemia.
En algunas unidades especiales se relatan algunos inconvenientes suscitados a partir de las decenas de detenidos concentrados en un mismo lugar, junto a los empleados que, también, trabajan apretados. Uno de los ejemplos citados por varios consultados por este diario, refiere que en la Unidad Judicial 18 se concentraron 50 aprehendidos en la primera noche de este nuevo esquema de emergencia.
“La recomendación es tener el menor contacto posible con la gente, pero con este sistema tenemos mucho contacto”, aseguró uno de los consultados.
Los mismos empleados reconocen que desde el inicio de esta modalidad de contingencia se han producido variantes para ajustar, según se van presentando los inconvenientes.
Así, los primeros días se quejaron porque no tenían medidas de seguridad mínimas para trabajar según las recomendaciones frente a la pandemia. “Recién ayer llegaron algunos barbijos, papel higiénico, alcohol en gel y guantes”, sostuvo una persona consultada. No obstante, se quejan porque no hay suficiente limpieza en esas sedes.
También se señaló que para hacer correcciones se cambió en las últimas horas que los aprehendidos sean liberados directamente desde la unidad carcelaria, y no desde la unidad judicial.
Si bien serían muchos los empleados que manifiestan su temor a estar concentrados en pocas unidades judiciales, mientras la mayoría de ellas se cerró, no se atreven a expresarlo públicamente para prevenir represalias.
“Seguir el protocolo”
En sus últimos comunicados, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) viene advirtiendo estos problemas y critica que se trabaje contra lo que indica el Ministerio de Salud.
El mismo sábado, Agepj presentó al MPF un pedido para descomprimir “la aglomeración de personas que día a día se produce en las unidades judiciales” cuando “debería ser evitado a toda costa”.
El secretario general, Federico Corteletti, sostuvo que hay un “gran malestar” por el hecho de que “en el ámbito de las unidades judiciales sólo están trabajando empleadas y empleados mientras que no lo están haciendo los fiscales y funcionarios”. Agepj pidió convocar “a ese personal a presentarse a tomar denuncias y hacerse cargo de causas, siempre y cuando no estén en los grupos de riesgo”.
El gremio propone que “las causas con presos” se tramiten en Tribunales 2 “por parte de los fiscales y funcionarios”, que en su mayoría hoy están en su hogar.
El reclamo de Agepj sostiene “que deben garantizarse condiciones de bioseguridad en las unidades judiciales y se dispongan medios digitales o telefónicos para denunciar y con ello descongestionar la presencia de personas”.
Corteletti indicó que pidió al MPF “se cumpla con el protocolo del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba para empresas o lugares de atención al público.”
El secretario gremial, Adrián Valán, acotó: “Hemos solicitado que funcionarios y magistrados del fuero penal se pongan a la altura que las circunstancias, su responsabilidad funcional y sus altos salarios merecen”. El dirigente gremial añadió: “Es increíble que con lo que está pasando, sólo las empleadas y empleados sumariantes estén poniendo la cara en las unidades judiciales.”