Le equidad del 50 por ciento que reclama Marcelina Laura González
“Los privados no podemos generar ingresos durante la cuarentena, pero a los servicios hay que pagarlos, porque se siguen prestando y los estamos usando. Pero ¿los impuestos? Equidad sería que paguemos los impuestos al 50 por ciento y que los empleados públicos reciban un 50 por ciento de su salario. Eso sería distribuir el perjuicio equitativamente”, dice Marcelina, dueña de un cotillón de barrio que cerró sus puertas el viernes, pero que igual tuvo trabajo flojo la primera quincena del mes.
El mapa del mundo laboral estuvo siempre dividido en dos: por un lado, los asalariados en blanco; por el otro, los informales. Los primeros representan alrededor del 50 por ciento de la fuerza laboral del país; los segundos, un 40 por ciento.
Hay otro 10 por ciento que quiere trabajar y no encuentra, y que aparece como desempleado.
Los primeros gozan del privilegio de contar con recibo de sueldo y ser sujetos de crédito, con feriados pagos, vacaciones, licencias por enfermedad, cobertura de una obra social, aportes a una jubilación futura, indemnización en caso de despido y, en líneas generales, un gremio que representa los intereses de sus afiliados y que discute paritarias, con más o menos éxito según el sector.
Los segundos no tienen nada de eso porque, en general, obtienen ingresos siempre y cuando trabajen. Quedarán a la deriva cuando lleguen a la edad jubilatoria, y tendrán cobertura de salud privada siempre y cuando se puedan pagar una cuota. Si no, irán al hospital público.
Pero esta cuarentena fragmentó todavía más el mercado laboral, acentuando al extremo las enormes diferencias que existen en el mapa laboral argentino. De un día para el otro, al grueso de la actividad privada se le cortaron los ingresos. Entonces, ese gran grupo de privilegiados que son los salariados registrados se partió en dos: el sector privado y el público.
Si no se pertenece a las áreas de logística, salud, alimentos e insumos médicos, la facturación pasó a cero. Habrá empresas que tendrán los fondos para pagar marzo; otras ni siquiera eso. Están las que ya suspendieron personal eventual, están las que despedirán igual aún con la doble indemnización y están las que buscarán hacer el aguante, esperando algún salvavidas bancario, impositivo y previsional.
Los tres millones de personas que trabajan en el sector público, en cambio, no tienen sobresaltos. Los salarios se acreditarán sin dificultades: la recaudación viene en baja pero los gobernadores ya se ocuparon en hacerle saber a Alberto Fernández que necesitan refuerzos para pagar sueldos. Y lo tendrán, porque en el apoyo de los gobernadores se recuesta hoy la fortaleza política del propio Fernández.
La emisión monetaria que habrá para financiar la ayuda social y el auxilio a los sectores laborales los tendrá en primera fila. No se trabaja por proyectos y el teletrabajo para el sector público aplica en contadas excepciones. Es más, la Provincia dispuso directamente receso hasta el 31, con excepción de salud y seguridad. Mendoza avanzó tímidamente en ese sentido: pagará hasta 50 mil pesos el salario de los funcionarios del Ejecutivo.
Los nueve millones de trabajadores del sector privado, esta vez, están más complicados. Primero, porque el despido es siempre una posibilidad. Segundo, porque muchos están haciendo el enorme esfuerzo personal y familiar de trabajar en casa. Hay empresas que en horas habilitaron accesos remotos y proveyeron de notebook a su personal, que a su vez enfrenta el desafío de instalar una oficina doméstica con los chicos presentes. Hay sectores que de alguna manera siguen trabajando.
El Central flexibilizó los requisitos de integración de encajes y de Leliq a fin de que los bancos presten el equivalente a una nómina salarial al 24 por ciento. Bancor ya anunció que ofrecerá esa línea, a devolver en 12 meses son seis de gracia, al 24 por ciento. Santander, por caso, salió con una al 20 por ciento. La oferta tiene dos problemas: hay que devolverla con intereses; menores a la inflación pero intereses al fin, en un contexto donde se vende cero. El segundo inconveniente es que eso requiere ser sujeto de crédito, con una habilitación mínima, que en cuarentena resulta complejo hacer. Hay economistas que proponen que se duplique el giro en descubierto y que se entreguen créditos directos, con garantía expresa del Central.
La tercera parte de esta Argentina partida está en los informales: unas cuatro millones de personas, más otro millón de monotributistas que no tienen otros ingresos en blanco. Hay otros 2,2 millones de adultos en la informalidad que son padres de niños que tienen la asignación universal y que por esa vía les puede llegar un refuerzo del Estado.
Con los monotributistas, se prevé algo parecido: menos cuota y un bono adicional. Pero los más frágiles esta vez son los que viven de la diaria: el peluquero, el taxista, el profesor particular. No tienen subsidios y no están en ningún padrón estatal. Ese es el principal inconveniente para que el Estado los auxilie.