Empresas comienzan a demandar asistencia concreta
Si bien los contactos con funcionarios se mantuvieron durante todo el fin de semana, el empresariado saldrá a buscar a partir de mañana respuestas concretas ante la zozobra que la cuarentena por el coronavirus trajo a las finanzas de las compañías y del comercio.
Una infinidad de complicaciones recayó con este parate (que se agrega a la recesión de la economía) sobre los cuadros de conducción tanto de las Pyme como de grandes empresas, muchas de las cuales observan como el abrupto corte en la cadena de pagos torna incierto el cumplimiento de obligaciones que comienzan a vencer en una semana.
Para todas es fundamental que vuelva a funcionar la cámara compensadora de valores al cobro (cheques). Por ello, los ejecutivos esperaban con ansiedad las definiciones que podrían llegar desde la Casa Rosada acerca del funcionamiento nuevamente del sistema financiero (algo que por ahora no ocurrió).
“Si el miércoles (por mañana) no arranca la cámara compensadora y clearing para depositar valores, las empresas deberán parar porque no podrán pagar y no tendrán insumos. No todas tienen dinero electrónico”, alertó un industrial cordobés de extensa trayectoria dirigencial.
Cuando se anunció la cuarentena, los bancos quedaron habilitados y de hecho salieron a garantizar las operaciones vía electrónica y de cajeros automáticos. Pero a 14 días de que tengan que acreditar los salarios de marzo, la presunción más extendida es que no pocas empresas llegarán sin fondos para poder hacerlo.
Algunos comercios chicos relevados por La Voz tenían la expectativa de reducir a la mitad el pago de los salarios del mes, dado que las ventas (en el contexto de abrupta caída) sólo se produjeron en las dos primeras semanas del mes.
También en la industria aparecía esa intención. “Cambiamos de estrategias tres veces en estos días: pasamos de suspensión, a despidos, a pagar 50% y deber el saldo para el futuro. Así, sin necesidad de asistencia podemos hacer frente a un par de meses de sueldos con las reservas”, describió a este medio un fabricante de artículos de plástico.
Pero Ezequiel Cerezo, titular de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) advirtió que el decreto presidencial “es muy claro”. El artículo 8° del decreto de necesidad y urgencia firmado por Alberto Fernández establece que durante la “vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio” los trabajadores del sector privado “tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”.
El punto fue consultado con la Secretaría de Trabajo de la provincia y quedó en claro que la obligación pasa por abonar los salarios de marzo 100 por ciento. Si las empresas o comercios quieren avanzar en algún acuerdo distinto que implique recortes asumirán el riesgo emergente en momentos donde también rige la doble indemnización, explicó Cerezo.
Con esta salvedad hecha, el gobernador Juan Schiaretti salió a conceder un aval a créditos que tomen las Pyme que no son sujeto de crédito por hasta $ 4.000 millones. La cifra podría quedar rápidamente desbordada pero es la primera reacción que se conoce desde el sector público de todos los niveles a nivel país en ese sentido.
El escenario, como siempre ocurre, observa sus bemoles. Por ejemplo, las grandes superficies comerciales se vieron sobrepasadas por una clientela desesperada que vació las góndolas de los productos de consumo masivo.
Sin embargo, la cadena proveedora que llena las góndolas no tendría esa suerte. “La industria seguirá cobrando a 60 o 90 días, por lo que necesita crédito o que se rehabilite el giro de valores, junto con medidas desde lo fiscal”, señaló un empresario.
Impacto fiscal
La Nación ya abandonó el objetivo de déficit cero y está claro que la emisión es el lubricante elegido para atender la urgencia. Nadin Argañaraz, titular del Iaraf, normalmente crítico a los déficits crónicos del sector público, avala ese cambio de política.
“Los aumentos del déficit y la emisión de pesos hoy no constituyen el problema relevante”, apuntó el economista. La prioridad, está claro, es la lucha contra el coronavirus. El cruce de las curvas, es decir, la caída de la actividad, con menor recaudación, sumada a la postergación o anulación de tributos llevaría a una caída de casi dos puntos del PBI (1,9% del producto) en los ingresos de los tres niveles del Estado en un mes.
La Nación resignaría $ 330.000 millones y las provincias otros 4 280.000 millones, estimó el Iaraf que a la vez sugirió un mecanismo de actuación para la emergencia.
Ayer, la industria del mueble y
Colaborará con las medidas de la provincia de Córdoba.
El Banco Santander le anunció ayer al Ministro de Industria y Comercio de la provincia de Córdoba su disposición a acompañar con 500 millones de pesos el programa anunciado el pasado domingo por el gobernador Juan Schiaretti. Programa. Se trata de un programa de avales a las “mipymes” de la salud que no son sujetas de créditos bancarios. Schiaretti decidió avalar desde la Provincia a las pymes y ”mipymes” que no son sujetos de crédito hasta con un monto por empresas empleadoras de hasta una nómina salarial.
Con Bancor. De esta manera, el Banco Santander se suma a Bancor en la política implementada por el Gobierno provincial para ayudar a las empresas. la madera de Córdoba se sumó al reclamo de otras entidades, como la que reúne a los industriales metalúrgicos, para demandar ayuda concreta del Estado y no sólo diferimientos de obligaciones.
El 97 por ciento de la cadena está paralizada en cumplimiento de la cuarentena, refirió la Cámara de la Madera, Mueble y Equipamiento. “Vislumbramos serias dificultades para afrontar el pago de los miles de salarios que dependen de nuestro sector y mantener la industria con lo mínimo e indispensable para volver a la actividad una vez que la crisis se empiece a disipar”, indicó la entidad que preside Soledad Milajer.
El sector demanda diferir el pago de alquileres, servicios y tarifas “hasta un tiempo considerable posterior al fin de la cuarentena”. Congelar el aumento de tarifas “hasta el fin de la crisis y cancelar el corte de servicios o la clausura municipal por falta de pago”, como también ampliar la exención de aportes y contribuciones patronales a todas las empresas que alerten sobre una disminución de su nivel de actividad.