Un matricidio que conmovió a los cordobeses
El 17 de diciembre pasado, la Cámara del Crimen de 8ª Nominación de Córdoba, constituida con jurados populares, decidió en forma unánime condenar a la pena de prisión perpetua a Jeremías Sanz
(24), por haberlo encontrado culpable de homicidio triplemente agravado en contra de su madre, María Eugenia Cadamuro.
Después de 15 audiencias, la Cámara avaló el criterio del fiscal Hugo Almirón para que se considerara que el crimen había incluido alevosía y violencia de género, además del agravante por el vínculo. Se trató, además, de uno de los primeros juicios en el país en que la violencia de género se aplicó a una relación madre–hijo.
Diez días más tarde de ese fallo, en juicio abreviado, Nicolás Rizzi aceptó haber cometido el delito de encubrimiento agravado y le dieron una sentencia de tres años de prisión. Recuperó la libertad, tras haber pasado poco más de un mes y medio detenido en el establecimiento carcelario de Cruz del Eje.
Rizzi aceptó haber colaborado en el enterramiento de la mujer junto a su amigo Sanz. Ambos compartían una casa en Sinsacate y mantenían una relación de amistad, aunque en el juicio quedó claro que además podrían haber tenido algunos negocios marginales en sociedad.
El 13 de febrero, la Cámara integrada por los vocales Juan Manuel Ugarte, Eugenio Pérez Moreno y
Marcelo Jaime, hizo públicos los fundamentos de la sentencia en un voluminoso escrito de 561 páginas.
Marcelo Brito, abogado defensor de Jeremías Sanz, mucho antes de que se conocieran esos fundamentos ya había anticipado que, si era necesario, llevaría la causa hasta las cortes internacionales. Más allá de esa declaración –formulada al calor de una sentencia adversa– lo concreto es que ya comenzó la vía recursiva: primero, con la presentación de una aclaratoria sobre las costas del juicio y, luego, con un recurso de casación ante la Cámara 8ª que todavía no ha sido contestado.
Paralelamente, el abogado Emilio Faraudo también elevó un recurso de casación a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el que plantea que su defendido, Nicolás Rizzi, pese a haber admitido su culpabilidad no le correspondería condena porque estaba amparado en la figura de la excusa absolutoria.
Dicha figura se aplica a los padres, hermanos, parientes y amigos estrechos de los que se supone que podrían faltar a la verdad para esconder el delito cometido por un familiar cercano.
Rizzi se escuda en la presunta amistad íntima que sostenía con Sanz para haberlo encubierto sobre el homicidio del que el otro era penalmente responsable. En pocas palabras, asume que cometió un delito, pero que no le corresponde condena porque lo ampara ese “salvoconducto” legal.
Pedidos al fiscal
Los amigos de María Eugenia y su viudo, Pedro García, vienen considerando que Sanz y Rizzi no
Las claves del fallo judicial que condenó al hijo de la víctima.
En los fundamentos del fallo, conocidos en febrero pasado, los jueces del tribunal que lo juzgó consideraron que Jeremías Sanz causó la muerte de su madre en un contexto de violencia de género “física, psicológica y económicopatrimonial”. También argumentaron que “existen elementos de convicción abrumadores para sostener que Pedro Jeremías Sanz ejercía violencia de distinto tipo respecto de su propia madre, María Eugenia Cadamuro, para ejercer un poder desigual en relación con ella”. Para la Cámara, en las audiencias quedó comprobado que el homicida había golpeado “en más de una ocasión a su madre”.
María Eugenia desapareció de Jesús María el 15 de marzo de 2017. Tres meses después, fue hallada enterrada en un campo cercano a Villa Gutiérrez, varios kilómetros al norte de la ciudad en que vivía.
Durante el debate desarrollado en el juicio oral se determinó que la muerte de María Eugenia se produjo ese mismo 15 de marzo.
Fue ultimada –entre las 20 y las 22, según los peritos– de dos escopetazos son los únicos partícipes, cómplices, o coautores de la saga criminal que culminó con la vida de la mujer.
Bajo esa línea argumental le solicitaron a los abogados querellantes que insten a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a profundizar la investigación.
En el escrito que presentaron recientemente al fiscal Guillermo Monti le recordaron que la Cámara 8ª sugirió investigar a la hermana de María Eugenia, Susana Mabel Cadamuro. y la pareja de ésta, Facundo González.
También, la Cámara sugirió esclarecer qué pasó con unos cheques que estaban a nombre de calibre 16 en un lugar inhóspito de un campo, a unos mil metros del camino principal.
El cuerpo estaba enterrado entre un algarrobo y un aguaribay, a 1,50 metros de profundidad. La autopsia reveló que presentaba una descomposición compatible con 90 días, el tiempo durante el que permaneció desaparecida.
El hijo de la mujer, Jeremías Sanz, fue hallado responsable del
María Eugenia y que fueron cobrados en su ausencia, así como también la posible sustracción de hacienda por parte de los condenados en la causa penal.
La defensa
Durante las audiencias, la defensa del condenado había señalado que no había pruebas para sustentar la culpabilidad del joven. El abogado Brito planteó que el juicio fue un proceso “espurio y preñado de irregularidades”, cuestionó a los fiscales del caso y sostuvo que “hubo irregularidades en la actividad investigativa, con un peso mediático coetáneo que le fue ganando al judicial”. matricidio y condenado a prisión perpetua en diciembre pasado.
El tribunal consideró que era el titular registral de los bienes inmuebles que, en realidad, eran propiedad de la víctima y que la mujer, en su afán por recuperar la administración de ellos, tuvo desencuentros con su hijo, quien sostenía una “posición de supremacía desde la que ejercía violencia económica y patrimonial”.