El estado de sitio y los “cuarentennials” Edgardo Moreno
El país ha comenzado a mencionar en su debate público la posible suspensión de las garantías que la Constitución Nacional ofrece por igual a todos los ciudadanos. Y lo hace con una liviandad que para nada sorprende, entre las urgencias de una crisis sanitaria, el método de ensayo y error que está aplicando el Gobierno nacional para atenuarla y el temor de la sociedad al contagio exponencial.
Estado de sitio. Con nombre y apellido. La idea fue lanzada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. La dejó filosa y pendulando sobre el cuello de la opinión pública. Aunque aclaró que por ahora el Gobierno prefiere esperar. El Presidente dijo después que la suspensión de las garantías constitucionales no es algo posible ni cercano, porque no necesita tener gente detenida a disposición del Poder Ejecutivo.
Analizando un horizonte de eventos, Alberto Fernández señaló: “Si se llegara a eso, hablaría muy mal de la sociedad argentina”. Con la misma lógica, armó un razonamiento condicional: si las fuerzas de seguridad y la Justicia hicieran lo que corresponde, no haría falta el estado de sitio.
De las reuniones que el Presidente mantuvo con gobernadores e intendentes, trascendió que varios jefes territoriales le pidieron que habilite la discusión parlamentaria de la máxima medida de excepción que prevé la Constitución Nacional.
Ni el oficialismo ni la oposición descartaron esa posibilidad con contundencia. Sólo subrayaron que sería una medida de última instancia. Una obviedad que sólo transcribe el mandato de la Constitución, sin hacerse cargo de la responsabilidad política de su aplicación eventual. Un claro lavado de manos. A tono con la pandemia.
De los institutos de emergencia que habilita la Constitución, el Ejecutivo nacional ya tiene en sus manos dos. Y los está usando: los decretos de necesidad y urgencia y la delegación de facultades legislativas que le entregó el Parlamento en diciembre pasado.
Sólo quedan la intervención federal –que el oficialismo impulsa en el Senado para la Justicia de la provincia de Jujuy– y el estado de sitio. No es para nada un azar: el gobernador jujeño, Gerardo Morales, es el opositor más encumbrado que le reclama al Presidente el estado de sitio.
El historiador israelí Yuval Harari advirtió días atrás que ante el desafío de la pandemia, estamos urgidos a tomar decisiones complejas. No sólo debemos resolver la amenaza inmediata. También qué tipo de sociedad dejamos. Algunas medidas de emergencia tienden a convertirse en vitales. Suele ser la naturaleza de la emergencia.
De las tensiones que entrevé Harari, hay una que ya está presente en el país: entre vigilancia estatal y empoderamiento ciudadano. Desde el oficialismo, emergen voces que caracterizan innecesariamente la crisis sanitaria como una situación bélica.
También circulan opiniones – de las que no ha prescindido el Presidente– que agitan una mirada muy discriminatoria y riesgosa sobre la pandemia. El supuesto vector serían los sectores sociales medios y altos, y las víctimas eventuales, los hacinados de la pobreza.
La iracundia siempre seduce al miedo. Y las alegorías bélicas suelen ser riesgosas. Pueden fomentar una confusión entre el virus como enemigo y el vecino como enemigo.
El mundo de los millennials ya no existe más. El nuevo espera entre el miedo y la indignación de los “cuarentennials”.
Hasta al filósofo coreano Byung Chul Han se le escapó hace unas horas un descuido. “Soberano es quien decide en estado de excepción”, dijo (enojado con Europa, que cierra las fronteras físicas pero subestima el autoritarismo tecnológico con el que China fumigó a la ciudad de Wuhan).
El autor original de la frase fue Carl Schmitt. Ideólogo de una fachada normativa, de evocación hobbesiana: Auctoritas, non veritas facit legem.
El Leviatán de Schmitt es bien conocido. Fue el Estado autoritario el que desató las guerras –no alegóricas, sino verdaderas– del siglo pasado.
LA IRACUNDIA SIEMPRE SEDUCE AL MIEDO. LA MINISTRA FREDERIC HABLÓ DE ESTADO DE SITIO. EL PRESIDENTE LE BAJÓ EL TONO.