Cuarentena, ser bobo y el enorme costo de serlo
Nos dicen que no lo hagamos. Sin embargo, seguimos saliendo como si nada. Nos insisten en que es riesgoso para nosotros y para los demás, pero seguimos cerrando la puerta de calle y nos mandamos a dar vueltas por ahí.
Nos cuentan y sabemos que la Policía está allí, controlando y deteniendo, pero seguimos haciendo la nuestra. Incluso, nos para la Policía, decimos y ponemos cara de que no lo volveremos a hacer, pero a las pocas horas volvemos a hacerlo.
A la par del aumento de casos de portadores del coronavirus, hay otro “virus” que se extiende por el país, y Córdoba pelea en el ranking: aquellos que violan la cuarentena obligatoria y se mandan a la calle sin necesidad alguna.
Desde que se implementó el aislamiento obligatorio, casi un millar y medio de personas fueron detenidas por la Policía cordobesa, la mayoría en la Capital. Principalmente, son varones jóvenes de entre 18 y 40 años. La mayoría terminó dentro de un patrullero entre la noche y la madrugada. La mayoría cayó preso porque terminó tratando mal al policía: fuentes oficiales reconocen que quienes bajaron la cabeza y pidieron disculpas pudieron volver a casa sin problemas.
No fueron pocos los que fueron detenidos, luego liberados y vueltos a detener horas después, en otro operativo, por haber salido a la calle.
A tenor de lo que se ve en las calles, se vaticina que la cantidad de apresados seguirá en aumento en Córdoba. Alto aumento.
Dejando de lado la estupidez y la irresponsabilidad de quienes salen de casa sin causa, cabe mirar bien que el problema no es sólo terminar dentro un móvil policial.
La mayoría de quienes no cumplen con el #Quedateencasa se “compran” un serio problema legal. Un serio, inesperado y complejo problema legal.
Si bien son muy pocos los vecinos que han quedado dentro de una celda, sí deben enfrentar un operativo policial-judicial que demanda varias horas entre todos los trámites que se deben cumplir.
Lo más delicado es que todo termina en una causa abierta en Tribunales.
Desde la Fiscalía General de Córdoba se “bajó” la directiva a los fiscales para que imputaran a quienes violan la cuarentena por dos delitos: por un lado, no cumplir una orden de la autoridad; por el otro, propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa. Para el primer delito, la pena va de seis meses a dos años de prisión. Para el segundo, la escala salta de tres a 15 años de cárcel.
En la práctica, algunos fiscales en cierta disidencia con sus jefes sólo vienen imputando por el primer delito. Aducen que no se sabe si quien está en la calle está o no enfermo de coronavirus.
Sea como fuere, el ser bobo tiene un enorme costo.
Por un lado, a quien es detenido se le abre una causa judicial, la planilla prontuarial se “mancha” y esto repercute en una infinidad de trámites; además, queda sometido a un proceso tribunalicio más que engorroso para él y su familia. Sin contar, claro, el enorme costo económico inesperado de afrontar una defensa legal. Más en esta época.
En la Justicia, donde varias fiscalías se están viendo desbordadas, no menor es que muchos se preguntan cómo se podrán ejecutar en los días sucesivos los trámites penales que deparan estas detenciones y las aperturas de causas.
Si los detenidos quedan imputados por el primero de los delitos (no cumplir una orden de la autoridad), podrían terminar eventualmente con una probation en vez de un juicio ordinario.
La pandemia se extiende. A la par, avanza y crece la murga de los bobos que siguen saliendo a las calles cuando no deberían hacerlo.
Si la conciencia y la responsabilidad social no les cabe en la cabeza, quizá podrían pensar en el bolsillo y en lo que se les viene.