Sin vacuna para la informalidad Gabriel Esbry
Si alguien nos pregunta hoy cuántas tarjetas de crédito o débito tenemos en nuestro poder, quizá muchos tengamos que revisar nuestra billetera para poder dar una respuesta precisa. Ello confirma que el proceso de bancarización ha avanzado en los últimos años en Argentina, en parte por las agresivas promociones que lanzan los bancos y en parte por distintas medidas impulsadas desde la Afip. De hecho, según datos del Banco Central, en nuestro país existen hoy 48 millones de cuentas financieras activas para poco más de 45 millones de habitantes.
Hasta allí, todo bien. El dato negativo aparece cuando advertimos que esa inmensa cantidad de cuentas no está distribuida de manera homogénea entre la población. Ello implica que, aunque existan más números de CBU que personas, hay todavía una porción enorme de ciudadanos que no están incluidos desde lo financiero, básicamente porque no están formalizados en su trabajo. De acuerdo a un informe de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), a fines de 2019 sólo el 48 por ciento de los mayores de 15 años tenía una cuenta financiera a su nombre, una proporción que se ubicaba incluso por debajo del promedio de América latina.
Este dato, en un contexto normal, sería una pésima estadística económica. Pero hoy, en medio de una pandemia, se transforma en un drama que complica demasiadas cosas. Muchas de ellas, vitales. Por caso, el Gobierno nacional tiene ahora enormes dificultades para hacer efectiva la ayuda prevista para los sectores más vulnerables, en medio de las severas secuelas económicas que deja la cuarentena, precisamente por la informalidad estructural en la que viven muchos argentinos.
Por suerte, la asignación universal por hijo o la tarjeta Alimentar permiten que el flujo de fondos asistenciales llegue a muchas familias humildes con niños a cargo. Pero hay otra infinidad de hogares pobres que no cuentan con esos beneficios, y ahora, con los bancos cerrados, el problema de cómo ayudarlos en una situación de emergencia se hace más patente que nunca.
Lo mismo pasa con decenas de miles de jubilados acostumbrados todos los meses a hacer largas colas para cobrar sus haberes por ventanilla y que hoy no pueden retirar el dinero a través de un cajero automático, ya sea porque no saben cómo usarlo o porque no tienen tarjeta de débito.
También padecen esta situación muchísimas empleadas domésticas a lo largo y ancho del país, condenadas por sus empleadores a trabajar “en negro”. O cientos de miles de changarines, albañiles, plomeros y jardineros, entre muchos otros, que en general viven de contado y con lo que ganan día a día.
La violenta irrupción del coronavirus está desnudando uno de los principales vicios de la economía argentina: la enorme informalidad en la que sobreviven a diario millones de personas. Incluirlas es un objetivo que trasciende esta pandemia, pero que hoy se ha transformado en una verdadera urgencia.
CON LOS BANCOS CERRADOS, HOY ES MUY DIFÍCIL ASISTIR A MILLONES DE PERSONAS QUE NO CUENTAN CON UNA TARJETA DE DÉBITO.