Por ahora, Córdoba no piensa en reducir salarios políticos
Los planteos para que haya un gesto político de recorte de salarios a los funcionarios públicos no han sido respondidos por el Gobierno de Córdoba. En otras jurisdicciones sí se están tomando decisiones en ese sentido.
Este diario envió la consulta respecto a si estaba en análisis una medida de este tipo, a partir de iniciativas de parlamentarios y reclamos de otros sectores sociales a los voceros de las cabezas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia.
Sólo respondió el máximo órgano de la Justicia cordobesa.
“El Tribunal Superior no está evaluando todavía una medida como la propuesta por los legisladores. En estos días, todos los esfuerzos han estado orientados a resolver con la mayor celeridad posible las urgencias que plantea el servicio de justicia durante esta emergencia sanitaria. De todos modos, no desconoce la situación que está atravesando el país. Ni va a permanecer indiferente a las graves consecuencias sociales y económicas que podrían desencadenarse frente a un agravamiento de la situación sanitaria”, fue la respuesta formal.
En el Poder Judicial están los sueldos más altos del Estado cordobés, con el agregado de que la mayoría de los magistrados no tiene descuentos por el Impuesto a las Ganancias.
El silencio del Ejecutivo y de la Legislatura puede entenderse en los mismos términos. No está en análisis la rebaja salarial para la planta política, están concentrando todos los esfuerzos en la emergencia y ya se verá cómo colaboran de ser necesario.
La semana pasada, el bloque legislativo de Encuentro Vecinal Córdoba –integrado por Aurelio García Elorrio y Rosa Marcone– presentó una nota para solicitar una reducción del 50 por ciento de funcionarios del Ejecutivo y de legisladores, con una invitación a que el Poder
Judicial adhiriese. Los recursos que se ahorrarían deberían aportarse al fondo de desastre para otorgar “ayudas directas para paliar, reparar, remediar o reconstruir las consecuencias” de esta situación.
Incluyeron un cálculo de lo que podría representar el recorte en los haberes de unos 550 funcionarios: un aporte mensual de 53 millones de pesos.
“Basándonos en el principio de equidad, creemos que no es extemporáneo pedir a la planta política un esfuerzo extraordinario, ya que son extraordinarias las condiciones de la crisis”, dice la iniciativa.
El legislador Juan Jure (Córdoba Cambia) presentó un proyecto de rebaja salarial del 30 por ciento para los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.
“El principio de solidaridad es el que debe presidir las relaciones humanas, en especial en situaciones límites como la que padecemos. Nos obliga a quienes ejercemos funciones políticas y judiciales asumir la ética de la solidaridad frente a quienes sufren los efectos de la pandemia”, sostuvo el exintendente de Río Cuarto.
Diversas organizaciones respaldaron los planteos de los legisladores opositores.
En la Argentina y en el mundo se vienen dando iniciativas de este tipo. En Mendoza se puso un tope salarial de 50 mil pesos para funcionarios, exceptuados los de Salud y los de Seguridad.
En La Rioja, se dispusieron donaciones de entre el cinco y el 20 por ciento del salario de funcionarios para un fondo de emergencia.
En Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció una rebaja de jubilaciones y de salarios de funcionarios públicos, también entre el cinco y el 20 por ciento.
En los municipios
En los municipios cordobeses se dan situaciones disímiles.
En la Municipalidad de Córdoba recordaron que desde diciembre rige el congelamiento de sueldos por seis meses de toda la planta política, lo que en la práctica impone una rebaja.
Ayer el intendente de la ciudad cordobesa de La Falda, Javier Dieminger, emitió un decreto aprobado por el Concejo que suspende el pago total de los sueldos a los funcionarios municipales y exime del pago de impuestos a la población hasta 30 días después de finalizada la cuarentena.
En Cruz del Eje, el intendente Claudio Farías rebajó un 30 por ciento los salarios de sus funcionarios para la compra de insumos de Salud. En Laguna Larga, Matías Torres anunció que donaba todo su sueldo.
Pero la situación que más irritación generó fue la de Canals, donde el intendente Edgard Bruno, referente de la agrupación delasotista La Militante, firmó un aumento de sueldos en plena emergencia por el coronavirus.
Bruno dijo que el incremento estaba previsto de antemano y pasa su remuneración de 75 mil a 140 mil pesos. El intendente dijo que con los descuentos la suba real es del 40 por ciento.
Lo concreto es que el incremento para él y para sus funcionarios implica unos 2,5 millones de pesos anuales en las arcas del municipio de Canals.