Empresarios de Euromayor lograron prisión domiciliaria
El abogado Jorge Monferini (69), imputado por asociación ilícita y estafas reiteradas en la causa Euromayor, salió de la cárcel de Bouwer y fue beneficiado con la prisión domiciliaria.
Su defensa, a cargo de los abogados Carlos Hairabedian y Facundo Amoedo, presentó un pedido de prisión domiciliaria en razón de su edad, su condición de salud con enfermedad cardíaca y la amenaza del coronavirus.
Tras pedir los antecedentes del caso y solicitar informes a los organismos intervinientes, el fiscal de Ejecución Martín Berger (quedó en esa función en el esquema de emergencia judicial diagramado a raíz de la pandemia) le concedió el arresto domiciliario, imponiéndole condiciones de cumplimiento y una caución personal firmada por Amoedo.
Días antes se había anticipado a la domiciliaria otro directivo de la firma, Oscar Antonio Cerutti (70), quien con el patrocinio del estudio Gramática abandonó Bouwer y se retiró a su hogar, en Sunchales, Santa Fe.
Hoy Monferini está en su casa en el country Las Delicias, luego de un año de estar privado de la libertad, cuando cayó detenido junto al otro gerente del conglomerado de empresas, Laerte Muzi, y de otros directivos como Mariano Fontán (gerente legal) y Jorge Airaudo (gerente de Satsa), entre otros.
En la segunda quincena de marzo de 2019, la fiscal de Casos Complejos Valeria Rissi realizó numerosos allanamientos y detuvo a 10 personas, entre ellos a los directivos ya mencionados.
Monferini y Muzi están acusados de ser los jefes de una organización ilícita conformada con el propósito de cometer estafas con emprendimientos inmobiliarios, según la instrucción que lleva adelante la fiscal Rissi. En la actualidad, el expediente está en la Cámara de Acusación, con la apelación de la prisión preventiva de los principales acusados.
Para lograr el recurso, los defensores de Cerutti y Monferini argumentaron el peligro que corrían en el penal por el coronavirus por su edad, pero también lo justificaron con las enfermedades preexistentes que tornaban peligrosa la supervivencia ante un contagio.
Los abogados de Monferini fortalecieron su pedido con la presentación de la historia clínica del Instituto Modelo de Cardiología y recibieron el aval del servicio médico de Bouwer. Además, Berger pidió un informe a los médicos forenses de Tribunales 2.
Llegaron primero
La dupla defensiva presentó el pedido de domiciliaria de Monferini el martes 17 de este mes, justificando la necesidad de salir por el coronavirus frente a “una cardiopatía severa de base, con dos angioplastías (con varios stents) y ser considerado un paciente de alto riesgo coronario que necesita controles periódicos”, sostuvo Amoedo.
De base, es considerado un paciente con insuficiencia cardíaca que en febrero fue monitoreado: le colocaron un holter para registrar la actividad de su corazón.
En esos primeros días de cuarentena de los tribunales, comenzó el desfile de abogados pidiendo lo mismo que los defensores de Cerutti y Monferini. Ya es casi un secreto a voces que las salidas de estos empresarios no cayó nada bien en las más altas esferas del Poder Judicial y hasta del Ejecutivo.
Fuentes bien informadas sobre el movimiento judicial sostienen que “altos funcionarios” de esos ámbitos se habría movilizado para tratar de evitar que “se abriera una puerta muy grande, como sucedió con (el precedente) Loyo Fraire”, cuando la Corte flexibilizó las normas de la prisión preventiva en Córdoba y hubo varios liberados. En ese encuentro habrían participado representantes del Ministerio Público, del Tribunal Superior de Justicia, fiscales de turno y un elevado funcionario del Ejecutivo, entre otros.
El mismo Gabriel Loyo Fraire, que hoy ejerce como abogado, estuvo tramitando la prisión domiciliaria de su defendido Jorge Ribeiro, el empresario desarrollista que tiene 69 años, pero no habría podido justificar la “enfermedad preexistente” que se sumara al coronavirus. En realidad, la pandemia sola ya no era motivo suficiente para que los detenidos dejaran Bouwer.
Tras las primeras acogidas a los recursos para lograr la prisión domiciliaria, se presentaron más de un centenar de pedidos que fueron tratados por la Cámara 3ª del Crimen y fueron denegados.
Las pocas prisiones domiciliarias que se otorgaron en este receso sanitario fueron por enfermedades de base y no por la eventualidad de un contagio de la pandemia originada en China, según se intentó justificar en Tribunales 2.
Entre quienes habrían recibido el “no” a la domiciliaria se inscribirían el empresario Daniel Scudieri (de la firma Zárate), Walter Bucheme (acusado por “La Trenza”) y el exintendente de Pilar Diego Bechis.