Precarización y desamparo
La cuarentena por el coronavirus ha paralizado a muchas actividades, con el consecuente perjuicio económico para los dependientes de las distintas ramas laborales.
El fenómeno se agrava cuando se trata de cuantificar los empleos informales o aquellos a cargo de cuentapropistas. Son los más perjudicados por la emergencia, pues en muchos casos el aislamiento social obligatorio no les permite trabajar y así sobrellevar una crisis social que los abruma desde mucho antes de la pandemia.
La realidad de los dependientes registrados o en blanco también muestra signos de inestabilidad y de zozobra, en tanto sus ingresos salariales son recortados por la inactividad o se abonan con sustanciales demoras por parte de las patronales.
Un caso entre tantos en estos tiempos de cuarentena es el que afecta al personal de casas de familia. Según sendos sondeos realizados por la Universidad de Lanús y el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Conicet, sólo el 33 por ciento de empleadas de casas particulares cobró el sueldo sin concurrir a cumplir con sus tareas por efecto del aislamiento social.
El problema se agrava cuando se trata de personal que no está amparado por convenios gremiales y que por esa indefensión es despedido de sus servicios.
Lo cierto es que la pandemia y sus derivaciones han visibilizado la vulneración de derechos. En el tema de referencia, como en numerosos rubros de ocupación bajo condiciones de informalidad, son casi nulos los controles de las autoridades nacionales y provinciales pertinentes, como también de los gremios que dicen defender al personal de casas de familia.
“Es muy impresionante ver la estrategia de los empleadores para no pagar, así como para intentar cambiarles de categoría a las empleadas para que vayan a limpiar como si se tratara de cuidados” de personas, alerta Miriam Wlos, coordinadora del Programa de Salud, Subjetividad y Trabajo de la Universidad de Lanús.
El cambio de categoría se asienta en el decreto del aislamiento obligatorio, que considera como labor esencial la de las personas que se ocupan del cuidado de enfermos o de adultos mayores.
El referido estudio abarca todo el país. Ello revela que la precariedad en el ámbito del personal doméstico ha alcanzado niveles preocupantes. También es real que muchas familias, que deben contratar personal para la atención de tareas domésticas porque ambos integrantes de la pareja trabajan largas horas, no pueden afrontar el pago sin ayuda del Estado.
Es entonces impostergable la reacción de los organismos de control, como también la solidaridad de los empleadores y una adecuada evaluación del Estado, en tiempos de excepciones agobiantes y perniciosas para los grupos sociales menos favorecidos.