Vicentin: el Gobierno nacional cuestiona al juez Lorenzini
A tres semanas del anuncio del presidente Alberto Fernández de intervenir la cerealera Vicentin Saic, decisión que fue revocada por el juez de Reconquista, Favio Lorenzini, al reponer al frente de la empresa a los gerentes desplazados, el Gobierno nacional pidió que el expediente pase de la provincia de Santa Fe a la Justicia porteña.
El Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, presentó ante la jueza federal en lo contencioso administrativo, María Alejandra Biotti, un escrito en el que se califica de “sentencia arbitraria” a la resolución de Lorenzini del 19 de junio pasado, que puso de nuevo en funciones al frente de la empresa al CEO Sergio Nardelli.
Para el Gobierno, el juez violó la ley de medidas cautelares, por lo que pidió que la causa deje el foro santafesino y que la inconstitucionalidad del decreto presidencial que dictó la intervención se defina en los tribunales contenciosos de Buenos Aires. El caso fue girado al fiscal Fabián Canda.
Lorenzini también se había declarado incompetente para resolver el planteo de “inconstitucionalidad” formulado por los dueños de Vicentin respecto al DNU.
“Se han suspendido ilegítimamente los efectos del DNU, lo que evidencia una clara intromisión en las facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo y –en cuanto a su primigenio contralor– del Poder Legislativo que es el órgano que por mandato constitucional debe expedirse acerca de la validez o invalidez del DNU. (...) Un magistrado provincial ha cercenado ilegítimamente la esfera de facultades propias de dos de los poderes del Gobierno federal; e incluso ha invadido la esfera competencial de la Justicia federal”, argumenta el Ministerio de Producción en la presentación.
“Lo más grave es que el magistrado interviniente soslayó que el DNU es ley en sentido material y goza de presunción de constitucionalidad”, dice el escrito.
La semana pasada, el juez Lorenzini, a cargo del concurso de Vicentin, cuya deuda ronda los 100 mil millones de pesos y desde diciembre está en cesación de pagos, comunicó que seguirá vigente su decisión de reponer a la gerencia de la empresa y reservar el rol de “veedores controladores” a la intervención designada por el presidente Fernández, mientras analiza la presentación hecha por el Gobierno de Santa Fe. El gobernador Omar Perotti, por medio de la Inspección General de Personas Jurídicas, solicitó la intervención judicial de Vicentin. Perotti pidió desplazar al directorio y que asuma un órgano de tres interventores hasta que culmine el concurso.
Desde el gobierno de Perotti también se ha señalado que el juez Lorenzini fue durante 18 años abogado del Banco Nación, en la sucursal Reconquista, donde tuvo intervención en distintos expedientes a favor de la empresa Vicentin. Fuentes del Banco Nación dijeron a este diario que se está evaluando si cabe un pedido de recusación al juez.
Causa penal
Los tironeos judiciales van más allá del ámbito administrativo. El juez federal Julián Ercolini aceptó como querellante al Banco Nación en la causa que investiga posibles delitos cometidos por la gerencia de Vicentin.
En la causa se busca establecer si hubo delito en el otorgamiento de créditos a la cerealera de parte del Banco Nación por unos 300 millones de dólares. El fiscal Gerardo Pollicita está al frente de la investigación. Están imputados el expresidente del Nación durante gran parte del gobierno de Macri, Javier González Fraga, y un grupo de gerentes de Vicentin.
Pollicita ya le pidió al Banco la nómina de funcionarios responsables de autorizar los créditos. Trascendió que la semana pasada, el Banco remitió a los tribunales federales de Retiro archivos con informes y documentación.
El director del Banco Nación, Claudio Lozano, dijo que la deuda de Vicentin, de unos 18 mil millones de pesos, “afecta la capacidad prestable” del banco para el crédito a pymes. “Vicentin al Banco Nación le debe más de 300 millones de dólares. Esto implica no poder disponer de esa capacidad prestable para poder asignarla”, dijo Lozano en declaraciones radiales.
El banco “tuvo una política de fuerte concentración del crédito en pocas empresas, lo que da como resultado un alto nivel de riesgo para el Banco”, agregó Lozano.
“No estamos afectando propiedad ni estamos expropiando un grupo que está funcionando de manera normal”, dijo Lozano respecto a las críticas expresadas en distintos sectores productivos sobre la intervención.
Informe de la Universidad Nacional de Avellaneda.
“La facturación anual de Vicentin, que fue similar en los últimos años, da cuenta de un desempeño comercial óptimo, por lo que su insolvencia no es debido a malos resultados comerciales, sino a un mal manejo financiero y a una serie de irregularidades, especialmente ligadas a la banca pública y al gobierno anterior”, indicó un reporte del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav.