Abusos que terminan en tragedias
Los excesos de algunos miembros de las fuerzas de seguridad no parecen tener fronteras. A menudo ocupan la atención global, por tratarse de acciones perpetradas en abierta violación a los derechos humanos y a las directivas recibidas durante la etapa de formación para desempeñarse como servidores públicos, en protección de la seguridad ciudadana.
George Floyd murió el 25 de mayo pasado en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, cuando un policía se arrodilló sobre su pecho hasta matarlo por asfixia. “No puedo respirar”, le había suplicado
Floyd. El caso se enmarcó en la lista de abominables manifestaciones discriminatorias contra ciudadanos afroamericanos y encendió protestas de repudio en casi todo el país.
Más cerca de nuestras costumbres y de las formas democráticas de entender los derechos individuales (aun para los que están en conflicto con la ley), un episodio policial similar escribió otra página nefasta en la provincia de Tucumán.
¿Efecto contagio? Lo cierto es que la Justicia averigua las causas de la muerte de un hombre que, según determinó la autopsia, sufrió un cuadro de asfixia irreversible y no un paro cardíaco, como se intentó instalar desde la fuerza de seguridad.
A ello se sumó el relato de un testigo, quien dijo que el deceso del presunto ladrón se produjo mientras un uniformado le oprimía la nuca con su rodilla.
El hombre, que estaba reducido y tirado en el piso, también imploraba: “Me falta el aire”. Como única respuesta a su pedido de clemencia (siempre según lo que declaró el testigo), el agente le reclamaba al detenido que se callara y que no fuera “cagón”.
Salvando las distancias y el segregacionismo histórico del caso de Minneapolis, el episodio en San Miguel de Tucumán fue emparentado de inmediato con el aciago final de George Floyd.
También actualizó la repulsa por el crimen de un trabajador rural durante un operativo policial realizado en mayo en la localidad tucumana de Simoca. En este hecho, se probó que el disparo mortal salió del arma reglamentaria de uno de los agentes detenidos.
Los abusos de efectivos de la Policía son moneda corriente en distintas provincias argentinas. No se puede soslayar, en ese marco, que Córdoba no es la excepción y que ello se ve reflejado en las marchas que se motorizan contra el llamado “gatillo fácil”.
Es verdad que la ola delictiva tiene a maltraer a la sociedad. La Policía ha sido formada para velar por la seguridad colectiva, pero de ningún modo se puede admitir el tormento hasta la muerte de un detenido ya reducido y sin posibilidades de reacción.