El ciberpatrullaje, una forma de controlar al ciudadano libre

El Estado argentino ha adquirido a través de los años dimensiones enormes. La ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, mencionó entre ellas la “medición del humor social”, una frase que ha generado revuelo y tiene su explicación.

Es una frase que la funcionaria dice con total libertad, ya sea porque está mal asesorada o porque está midiendo la tolerancia de los ciudadanos al avance del Estado sobre sus derechos.

En este sentido, es menester separar el “ciberdelito” del flujo de opiniones en las redes sociales. Tiene sentido realizar acciones de seguridad en la “deep web” (web profunda, internet oscura, la parte escondida de la red): evitar determinados delitos que sí están tipificados, como el abuso infantil o la venta de objetos y/o sustancias ilegales. La deep web es la herramienta principal de los delincuentes o pervertidos.

El humor social no es un delito. No está tipificado en ningún código penal y tampoco está tipificado en la Constitución Nacional.

El ciberpatrullaje se trata ni más ni menos que de una acción que viola los derechos privados e íntimos de una sociedad libre. Por ejemplo, el derecho de librepensamiento, mencionado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y el de libertad de expresión, explicitado en el artículo 32 de la Constitución y en el Pacto de San José de Costa Rica (que goza de carácter de jerarquía nacional desde la Reforma Constitucional de 1994), el que en su artículo 13 defiende el libre derecho a expresarse y respalda principalmente al periodismo y su función social de informar.

En otras palabras, el “ciberpatrullaje” que plantea la ministra de Seguridad no es más que una intervención masiva en los datos privados de las personas y la vulneración de sus principales derechos individuales. Asimismo, no es un dato menor, tampoco, que la Dirección de Investigaciones del Ciberdelito –que forma parte del gabinete de Frederic– es presidida por Valentina Novick, integrante de La Cámpora.

“Soy antropóloga social; tengo claro que con el ciberpatrullaje hacemos poco, pero hacemos algo, y siempre algo es mejor que nada”, sentenció la flamante ministra hace unas semanas, cuando se conoció la nueva forma de control del Estado argentino.

Habría que plantearle a la ministra por qué cree que existen las encuestas y las consultoras. La respuesta es, cuanto menos, evidente: para evitar quebrar los derechos de libertad de expresión y de pensamiento mediante prácticas que atentan contra las libertades individuales de las personas. De otra forma, esta acción podría catalogarse como espionaje o persecución política.

A diferencia de lo que planteó la antropóloga social que maneja la seguridad del país, el Gobierno debería centrarse en aquellas investigaciones en torno de actividades ilícitas que se pueden cometer. Por ejemplo, la venta de drogas por internet, la comercialización de actividades, sustancias u objetos ilícitos, entre otras cuestiones.

De igual forma, tener muy claro que hacer inteligencia sobre la sociedad civil no sólo que no está bien, sino que autoriza a preguntarnos si estamos o no en una república democrática. Porque esta determinación por parte del Gobierno nacional no es más que una muestra de su principal función: expandir el poder estatal y sus instituciones en detrimento de los derechos individuales.

En Argentina, el Estado ha adquirido dimensiones elefantiásicas y se ha desbordado por completo –lo cual hace casi imposible su control– hasta el punto de invadir los ámbitos que son propios de la sociedad civil.

Al mismo tiempo, y paradójicamente, tenemos un “Estado ausente” de las funciones que le son connaturales por definición y naturaleza.