La Municipalidad apelará a la expropiación para construir la sede del Concejo.
Se cayó el acuerdo con el propietario de los galpones del ex-Abasto. Sin embargo, se insistirá con la terminación de la sede. El municipio declarará de utilidad pública un lote que iba a ser donado y la manzana contigua.
Algo debe tener el Concejo Deliberante de Córdoba que cada vez que parece encaminado a conseguir una sede definitiva, aparecen escollos en el camino. Cuando todo estaba listo para retomar la obra abandonada hace 12 años en la zona del ex-Mercado de Abasto, se complicó la cuestión burocrática por lo que ahora la Municipalidad decidió presentar una expropiación.
Días antes de que comenzara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde la presidencia del Concejo, a cargo de Daniel Passerini, se anunció que a fin de año se licitaría lo que resta de completar de la estructura.
Para eso eran fundamentales dos cuestiones: un acuerdo con Oresti SRL, propietario de una fracción de terreno de esa manzana y de los galpones ubicados en frente; y un informe técnico encargado a la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
A finales del año pasado, el todavía intendente Ramón Mestre envió al Concejo un convenio con la empresa por el cual se donaba la fracción de un terreno que está en la manzana del edificio inconcluso al municipio, a cambio de obtener más altura y ventajas constructivas en el lote de los galpones. La anterior gestión no quería terminar la obra, sino construir allí un espacio verde.
Pero la iniciativa no consiguió el apoyo del propio oficialismo para aprobarlo en el Legislativo.
Passerini había adelantado que quería modificar el acuerdo “para no dejar cabos sueltos”.
La letra chica implicaba la condonación de las deudas impositivas, que el municipio abandone el uso de los galpones y que Oresti tendría sólo 72 horas para desistir del juicio contra la administración municipal originado en la fallida obra. Pero un par de días después de que se conociera esa “buena nueva”, el propietario de los lotes presentó por mesa de entrada del Palacio 6 de Julio una nota en la que desistía del acuerdo y de la donación.
Esa nota se traspapeló, y las autoridades recién se enteraron de la situación a mediados de mayo, cuando en una reunión para seguir avanzando entre las autoridades del Concejo y Oresti, el empresario mostró la nota.
En la sesión del miércoles pasado, los concejales aprobaron la devolución del acuerdo frustrado.
Con lo cual, las autoridades municipales aplicarán un plan B.
La expropiación
La Asesoría Letrada municipal está terminando un proyecto para declarar de utilidad pública y expropiar la fracción de manzana que iba a donar Oresti, y también la manzana donde están los galpones. La idea que tiene el viceintendente es compatibilizar esa iniciativa con otra propuesta presentada a finales de 2017 por el concejal Juan Negri, por la que se expropiaban los galpones para que se los recicle y convierta en un mercado de alimentos.
Negri viene insistiendo desde entonces con llevar adelante esa propuesta, que tuvo su origen en una sección de La Voz que en 2015 publicó una tesis de jóvenes arquitectas para reutilizar esos galpones. Si se avanza, se cerrará un círculo difícil de explicar en el que el
municipio vendió esas propiedades para terminar la sede del Concejo que nunca se terminó.
En 2006, el entonces intendente Luis Juez llamó a concurso para la construcción de la sede del Legislativo, tras el incendio que destruyó el local alquilado en la torre Garden.
Ganó el proyecto de los arquitectos Faracci, Kustich y Barrionuevo, junto a otros profesionales.
Un año después, la empresa Sadic ganó la licitación y comenzó la obra. Además, se sancionó una ordenanza que permite vender el lote donde están los galpones, con la condición de que ese dinero se invierta en la ejecución del edificio. Daniel Giacomino, sucesor de Juez, decidió luego paralizar los trabajos en julio de 2008 por cuestiones económicas.
En 2010, Sadic cedió el contrato de la obra a Oresti SRL, que a su vez compró el predio de los galpones y una fracción de la manzana del Concejo por 12,6 millones de pesos. Ese dinero se tenía que usar para la obra.
Fue un arreglo bastante llamativo en el que Oresti pagó una cuota mensual por el lote, y a su vez cobraba del municipio por la ejecución de la obra del Concejo.
Sin embargo, la Municipalidad no pagó a Oresti, que a su vez sí fue depositando las cuotas mensuales por el predio contiguo.
Y la cancha se terminó de embarrar cuando la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba realizó un estudio que detectó fallas estructurales en lo que ya se había construido. Ya con Ramón Mestre en el municipio, Oresti pagó la última cuota por el predio y, a su vez, le rescindieron el contrato por la obra. Se inició así un litigio judicial que todavía no está resuelto.